En su defensa, FCC Construcción, aseguró que la obra "Mejoramiento de Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Alto Hospicio - Alto Molle" se ejecuta a cuenta del Ministerio de Obras Públicas, quien es el dueño. "El adjudicatario (la empresa) es un mero mandatario para la ejecución de la referida obra, pero quien tiene la capacidad procesal sustantiva para ser demandado en este juicio es el propio MOP", consigna el documento judicial.

Respecto a Vega, FCC apunta a que el demandante erra al creer que es dueño de la concesión minera, y que si bien su derecho de dominio respecto de la concesión no es cuestionable ni debatible, el asunto controvertido dice relación con la calidad de poseedor del predio superficial.

"La adjudicataria no ha ocupado ilegalmente los predios superficiales donde se encuentra la concesión minera del demandante, toda vez que ejecuta obras mandatada por el MOP. Lo que describe el demandante como hechos que violentan su posesión respecto de su concesión minera, no son más que faenas constructivas propias del mejoramiento de un camino (bien nacional de uso público) y que por lo demás, no pertenece al demandante ni tampoco posee derecho real alguno respecto de dicho predio superficial", agrega el texto.

En el Servicio Nacional de Geología y Minería, el encargado de propiedad minera, Christian Ibáñez, explicó que hay dos escenarios distintos al enfrentar una concesión minera.

"Cuando se hace este tipo de trabajos viales y hay concesiones mineras, hay dos escenarios, si se está explotando o no. Si se está explotando es complejo, pero si no, es factible seguir, sobre todo cuando no hay servidumbre", dijo.

Desde Bienes Nacionales aclararon que si una persona tiene derecho a ocupar el subsuelo, debe constituir una servidumbre para usar la superficie. Ese trámite se puede hacer de forma administrativa, es decir, directamente con la Secretaria Regional Ministerial, o judicial, si no se llega a acuerdo. Actualmente no habría servidumbres solicitadas para el sector.

Mauricio Torres Paredes

Una denuncia contra la presunta irresponsabilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), hizo el consejero regional Isidoro Saavedra, quien apuntó a que el servicio no previó la existencia de una concesión minera en un sector del tramo 3 del segundo acceso Iquique - Alto Hospicio, lo que mantiene paralizados 500 metros de la pista. De hecho, el conflicto está judicializado.

"Hoy hay un juicio en el Primer Juzgado donde una parte del cerro tiene dueño, Carlos Vega. Él está pidiendo una indemnización por los daños que están haciendo y por no pedirle permiso. Son daños muy grandes y la obra va a quedar parada. Si sigue el juicio y se respeta al dueño, vamos a tener el nuevo acceso parado por años. Se ha pasado a llevar a un pequeño empresario y quiero decir la verdad, la gente de Hospicio va a tener que seguir esperando. La responsabilidad es del MOP por no hacer bien las cosas. Antes de empezar ellos tenían que solucionar los problemas. Si no se termina esa etapa, no se va a poder construir la Circunvalación y la rotonda El Pampino. Donde más invierte plata el Consejo Regional es en el MOP.

Acusaciones

Tal como lo comunicó el core, en el Primer Juzgado de Letras de Iquique hay una denuncia de Carlos Vega Díaz contra la empresa FCC Construcción S. A. Agencia Chile, que busca la total e inmediata suspensión de las "ilícitas labores de ocupación, relleno de basura, construcción, botadero de material excedente de obras y desechos de construcción, remoción de material pétreo que actualmente desarrolla esta empresa demandada dentro de los límites de la concesión minera de mi propiedad", dice el texto.

Asimismo, otra denuncia, en el Segundo Juzgado de Policía Local, acusó una caída abundante y constante de rodados sobre sus instalaciones en Bajo Molle, las que incluso habrían afectado a parte de sus máquinas de trabajo.

2015 El 26 de noviembre del año pasado ingresó la denuncia de Carlos Vega contra la empresa FCC Construcción S.A. en el Primer Juzgado.

La directora regional de Vialidad, Carolina Arancibia, explicó que la obra no está paralizada, y que solo hay un sector que tiene este "inconveniente" entre el kilómetro 2,2 y 2,7 aproximadamente, de los 4,9 que aborda el proyecto.

"Solo en ese sector no se están ejecutando trabajos esperando unas pericias instruidas por el juez para verificar el polígono que cubre la concesión minera que tiene esta persona, que aborda el sector de parapente y de la ruta A-16", explicó la directora.

"Este es un terreno donde el propietario, mediante el pago de un impuesto, puede tener un derecho a explotarlo el día de mañana, pero hoy no tiene ninguna explotación. Él solo hizo su aprensión cuando vio que estábamos realizando trabajos. La concesión minera le otorga una autorización a explotar el subsuelo, más allá que por sobre la superficie estemos desarrollando una obra pública de interés regional", expresó.

"Todos los sectores están expropiados excepto los que pertenecen al fisco, como éste, para lo cual pedimos autorización a Bienes Nacionales", dijo Arancibia.

Hasta ahora en el lugar solo se han registrado movimientos de tierra. "Es una franja de 500 metros donde atravesamos su concesión y tenemos trabajos paralizados mientras se resuelvan los peritajes topográficos. En ese sector no se han podido hacer trabajos, pero en el resto del tramo sí. Donde no se está trabajando, los abogados del consorcio están viendo en tribunales la posibilidad de levantar la paralización. Tienen respaldos que demuestran que la concesión no tenía trabajos de explotación", concluyó.