Mauricio Moncada - Medios Regionales
El Gobierno defendió ayer los alcances de la Ley de Inclusión, que comenzará a regir el próximo 1 de marzo y que prohíbe, entre otras cosas, que los colegios puedan suspender a los alumnos por alguna falta en su uniforme o por su apariencia personal. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, especificó los elementos de la normativa, pero explicó que prevalecerán las normativas internas de los establecimientos.
"No es que estemos como ministerio determinando que los niños vayan como quieran, hay órdenes internas en los establecimientos que tienen que respetarse", afirmó la secretaria de Estado.
Para Delpiano, "lo que no consideramos es que se pierda clase, se suspenda a los niños por cosas que muchas veces no dependen de ellos, dependen de sus propias familias, que es lo que estamos cautelando".
Como parte de esta norma, según el Ministerio de Educación, 784 establecimientos que hasta el año pasado tenían financiamiento compartido ahora serán gratuitos, beneficiando a más de 240 mil estudiantes.
El jefe del Departamento de Denuncias de la Superintendencia de Educación, Óscar Acevedo, aseguró que "no cumplir con un requerimiento específico, como una prenda de ropa o con llegar con un útil escolar o texto, no implica que los alumnos vean restringido su acceso a la participación escolar".
La autoridad agregó que los colegios pueden tomar medidas "para formar conducta", pero la suspensión atenta contra el espíritu de la ley.
"Lo que planteamos es que los colegios tienen derecho para trabajar esos aspectos con la familia, pero la marginación de la actividad escolar afecta el derecho a la educación", dijo.
La Presidenta Michelle Bachelet destacó ayer la puesta en marcha del proyecto al visitar el centro de distribución de textos escolares gratuitos en Pudahuel (Región Metropolitana).