La ministra de Educación Adriana Delpiano confirmó ayer que la Contraloría General de la República aprobó el decreto que, en el marco de la ley de inclusión, establece en qué pueden ocupar los recursos públicos los sostenedores de colegios subvencionados.

Esto a raíz de que el martes 1 de marzo entra en vigencia la ley de inclusión, que entre varias cosas, prohíbe el lucro en los colegios, lo que implica que los sostenedores de establecimientos subvencionados por el Estado ya no podrán retirar utilidades y solamente las podrán reinvertir en cosas que tengan fines educativos.

Vigencia

"Contraloría aprobó uno de los decretos muy importantes, sobre cuál es el uso educativo de los recursos públicos; se va a publicar entre hoy y el jueves, por tanto ya es y así va a ser", afirmó la secretaria de Estado.

La titular de Educación enfatizó que con esta resolución de la Contraloría "los recursos que van a recibir los colegios de parte del Estado, sea el bono SEP y gratuidad, se podrán utilizar sólo en aspectos educativos como contratar a profesores, tomar talleres, equipar los colegios".

Recursos

Delpiano manifestó que, a pesar de que el lucro aún va a estar vigente durante este año y hasta 2017, la aprobación de este decreto se traduce en que este año "no se puede echar esa plata al bolsillo nadie".

La ley de inclusión establece que todos los colegios que reciban fondos públicos deberán reinventir sus utilidades con fines educativos, entre los que se cuentan la contratación de personal docente, arreglos y mantención en el inmueble e insumos para la gestión educativa, entre otros.

Tres heridos, dos de ellos de gravedad, causó ayer la explosión de una cámara de gas ocurrida en un edificio de la comuna de Las Condes, en Santiago. La emergencia, que tuvo lugar en un edificio residencial de 12 pisos de la calle Zurich, dejó además numerosos daños. Las personas lesionadas fueron identificadas como Manuel Jiménez Oliva, José Moraga Elgueta y Juan Cabezas Lizana, trabajadores de una empresa contratista que realiza labores de mantención en el subterráneo del recinto. Según detalló el director regional de la Onemi, Rodrigo Rojas, "dos de estos trabajadores se encuentran con las vías respiratorias comprometidas e importantes quemaduras en su cuerpo, así como diversas fracturas".