El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD), aseguró que el nuevo estatuto parlamentario que busca limitar los beneficios de los integrantes de la Corporación, permitirá terminar con los "privilegios que no estén relacionados al trabajo legislativo".

"Esto viene a culminar, en el detalle, un trabajo que está vinculado a terminar con todos los privilegios que no estén directamente relacionados al trabajo legislativo", manifestó el legislador en radio Cooperativa, sobre el nuevo reglamento, que será votado hoy en la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja.

La normativa, elaborada por la mesa de la Cámara Baja como reacción a la baja aprobación ciudadana a la institución, apunta a disminuir las semanas de vacaciones de los diputados y a eliminar la acumulación de millas aéreas, entre otras medidas.

"Aquellos (beneficios) que son una costumbre, que se han hecho tradicionales y que no tienen explicación, van a terminar con este estatuto parlamentario", aseveró Núñez en el citado medio radial.

El titular de la Cámara dijo confiar en que el estatuto "a la larga va a ser aprobado". "Lo importante es que exista debate, no solo al interior de las bancadas, sino también en la perspectiva ciudadana", subrayó.

La última encuesta GfK Adimark mostró un 82% de rechazo ciudadano a la gestión de la Cámara de Diputados y apenas un 11% de aprobación.

Los seis acusados en el denominado caso Tsunami aceptaron las condiciones impuestas por la Fiscalía para cerrar un acuerdo y de este modo suspender el proceso en su contra.

Las tratativas, que comenzaron en febrero, concluyen cinco años después de iniciada la investigación, tras la fallida alerta de maremoto emitida luego del megasismo registrado en la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010.

Fuentes citadas por Emol señalaron que el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende deberá pagar $ 80 millones.

En tanto, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández, cancelará $ 40 millones. Las indemnizaciones alcanzan un total de $ 240 millones, dinero que se utilizará para analizar un nuevo sistema de protección civil.

Los otros acusados son Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi y Andrés Enríquez, ex jefe de operaciones del Servicio Hidrográfico y Océanico de la Armada (Shoa). A esta misma institución pertenecieron Mariano Rojas (ex director) y Mario Andina (ex oficial de guardia).

Sin embargo, el acuerdo debe ser ratificado el 14 de marzo, en el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral.

Carlos Fairlie, uno de los abogados querellantes, anunció que rechazará esta salida alternativa. "Como lo he plasmado desde un comienzo, esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y desde esa perspectiva no podemos estar conformes", expuso el profesional a radio Cooperativa.

Medios Regionales

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que la empresa de telefonía celular Movistar será sancionada por haber emitido una fallida alerta de emergencia durante la madrugada de ayer.

A las 5.40 horas de ayer, algunos usuarios de las empresas Movistar, Virgin Mobile, VTR, Simple y otros operadores móviles virtuales que operan bajo la infraestructura de Movistar, recibieron un mensaje de alerta masiva que se utiliza cuando está en riesgo la población por sismos, tsunamis, erupciones volcánicas o incendios forestales. El texto, en algunos casos, se envió bajo el asunto "Alerta presidencial".

La empresa asumió el error y junto con lamentar lo ocurrido, aseguró que se trató de una prueba semanal interna que por error fue emitida a los clientes. Además, la empresa señaló que está investigando lo ocurrido para "evitar que vuelva a ocurrir".

El titular de la Subtel, Pedro Huichalaf, dijo que se buscará la máxima sanción para la compañía, aunque descartó que los usuarios vayan a ser compensados.

"Según la Ley General de Telecomunicaciones, en este momento la multa solo afecta a la empresa y no existe compensación a los usuarios. Si alguna persona registra algún perjuicio, puede iniciar las acciones civiles correspondientes", explicó.

La autoridad indicó que la empresa está siendo fiscalizada, recibirá un oficio y arriesga el pago de una multa de hasta 1.000 UTM (unos $ 45 millones).

Si bien Huichalaf precisó que aún se está recopilando la información emitida desde Movistar para evaluar la sanción, señaló que en base a lo "flagrante" de la infracción, y al ser reconocida además por la misma entidad, la multa debería bordear los $ 40 millones.

El subsecretario advirtió que podría ser considerado un agravante el hecho de que se hayan afectado a usuarios de otras compañías.

"Se determinó la responsabilidad de esta empresa y afectó a clientes de otras empresas, lo que es importante, y eso podría incrementar también la responsabilidad", sentenció, detallando que el parque máximo de usuarios afectados es de 800 mil personas, aunque "supuestamente llegó a muchos menos".