Consultada al respecto, la intendenta regional, Claudia Rojas, señaló que el Gobierno no avala las tomas de terreno. "Van a ser desalojadas cuando sean en terrenos fiscales, hay una toma que se ha efectuado en un terreno privado, en el cual no se ha intervenido precisamente por eso. No se darán soluciones habitacionales a las personas que estén en toma, esa no es la vía, entendiendo que hay una necesidad importante en nuestra región en la cual estamos trabajando de forma urgente", señaló la autoridad.

Rojas agregó que el Gobierno Regional está trabajando en un corto plazo en la expansión sur de Iquique con el proyecto Altos de Playa Blanca y la compra de 20 hectáreas en Alto Hospicio. En un mediano plazo con el aporte de Gobierno Regional para urbanizar terrenos de manera que se puedan construir más viviendas y por último en el largo plazo con la paralización de la licitación de 63 hectáreas del Ejército, "donde estamos viendo destinar esos terrenos a viviendas sociales", puntualizó.

El gobernador de Iquique, Francisco Pinto, informó que el Gobierno no ha autorizado ni autorizará la instalación de ninguna toma de terrenos en Alto Hospicio. "La política actual del Gobierno es bien precisa y clara al respecto: no aceptamos las tomas, ya que existen las vías formales para las que las familias puedan optar a una solución habitacional", dijo.

Pinto reiteró que ante las tomas que se han instalado en terrenos fiscales, específicamente de Serviu y del Servicio de Salud, la Gobernación ha oficiado a Carabineros para que se proceda al desalojo de esas ocupaciones ilegales, especialmente el terreno donde se construirá el hospital de Alto Hospicio.

"Cuando los terrenos tomados son fiscales, quienes son propietarios nos solicitan que como Gobernación, pidamos el desalojo y ello lo hemos realizado y lo seguiremos haciendo. Distinta es la situación de los terrenos particulares", refirió Pinto.

Ximena Araya Monroy

Su preocupación hizo ver Techo Chile por la aparición de dos nuevos campamentos en la región, lo que a juicio de la fundación evidencia que se requieren mayores esfuerzos del Gobierno, cuestionando el hecho que a nivel nacional se redujo el presupuesto destinado a los campamentos a través de Serviu.

En efecto, la semana pasada se instaló un nuevo asentamiento a un costado del Colegio Nirvana de Alto Hospicio. Katherine Díaz es una de las pobladoras que llegó junto a sus dos hijos al lugar y hoy se preocupa de organizar a los vecinos. "Que se acerquen las autoridades, que nos den una orientación, si estoy aquí es porque no tenía plata para pagar un arriendo", refirió la pobladora, quien indicó que inicialmente solo eran los allegados y arrendatarios del sector, al cual se fueron sumando vecinos de otras tomas, ya que les argumentaban que se les cobraba entre 250 a 300 mil pesos. "Que nos ayuden con un subsidio o que nos den tiempo para conseguir una casa, no pedimos que nos regalen nada", manifestó la vecina.

Según detalló el director regional de Techo Chile, Andrés Mardones, esta situación se debe al déficit habitacional existente en la región, que según la última encuesta Casen sería de 11 mil personas, además de los tiempos de espera de los comités de vivienda.

"Si bien el Estado ha dado señales de poner el tema en agenda a nivel regional, faltan aún más esfuerzos para terminar con estas situaciones", dijo en relación a la edificación de 280 viviendas en Altos de Playa Blanca y los 400 cupos en el proyecto de La Pampa de Alto Hospicio. "Basta ver los números, solamente en el campamento Laguna Verde, son más de 380 familias y 900 en el exvertedero y en la región son 1.682 las familias que viven en campamentos, según el último catastro, pero a eso hay que sumarle todas las nuevas familias que están luchando por una vivienda", precisó el representante de la ONG, aludiendo a la toma de El Boro y la ubicada en los terrenos del Ejército, por lo tanto cuestionó: "La pregunta que deben hacerse las autoridades es ¿qué está pasando que cientos de familias se están yendo a vivir a estos lugares sin servicios básicos?".

La fundación afirmó que la paralización de la licitación en la venta de los terrenos del Ejército en Alto Hospicio fue una buena señal de parte del gobierno regional que está consciente de la falta de suelo y de los altos precios de éstos. "¿Pero ahora que va pasar, se va transferir al Serviu, los va comprar o qué?", interrogó Mardones.

El representante de la ONG agregó que el actual momento económico también repercute en el aumento. "Hemos estado en el top ten de las regiones con mayor desempleo, sin duda eso va incidir en los números de familias viviendo en campamentos", donde un 25% son extranjeros, por lo tanto dijo no entender la reducción del presupuesto en la mantención de campamentos, que en el caso de la región se mantuvo.

Por último, no se pronunció con respecto a si la entrega de certificados de radicación de Bienes Nacionales incitó la decisión de cientos de familias de tomarse un terreno. "Eso hay que preguntárselo a los comités", dijo, aunque no desconoció que existe utilización política.

1.682 familias vivían en campamentos a diciembre del año pasado. Las cifras han aumentado.