El largo proceso de espera por el desalojo, que finalmente no se hizo efectivo, estuvo monitoreado en todo momento por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Fundación Techo Chile.

En el caso del INDH, el abogado regional de este organismo, Osvaldo Flores, detalló que estaba en misión de observación del procedimiento policial, "para velar porque Carabineros cumpla los protocolos que existen para este tipo de procedimientos, por ejemplo empleo de bombas lacrimógenas, uso del guanaco, porque hay niños, hay mujeres embarazas.

Sobre el actuar de la Gobernación, el abogado, expresó, "me sorprende que con toda esta información el gobernador haya dictado esta orden sin que previamente se hayan agotado todos los mecanismos o mesas de trabajo para evitar una decisión como esta que es de ultima ratio (término legal para aludir la última medida)".

Hasta el lugar también llegó el director regional de Techo Chile, Andrés Mardones, que trabaja con los pobladores del comité de vivienda Unión, Fuerza y Esperanza, que están ubicados fuera del paño de Serviu, para velar que no se vulneraran los derechos de las personas.

Ximena Araya Monroy

Horas tensas se vivieron ayer en el campamento Unión, Fuerza y Esperanza del Boro, ya que Carabineros iba a desalojar a las familias que estaban ubicadas en los terrenos del Serviu, medida que finalmente no se hizo efectiva, puesto que los pobladores acordaron un desarme voluntario para evitar ser sacados por la fuerza.

A las 7 A.M., cerca de 400 familias que residen en este barrio ubicado a un costado de la ruta 16 frente a la empresa Vulco, se sorprendieron por la presencia de un contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes según explicó el comandante Rolando Ilabaca, iban hacer efectiva una resolución administrativa de la Gobernación Provincial, en cuanto a la restitución inmediata de un inmueble fiscal de propiedad del Serviu. "Ordenado el desalojo de inmediato, se procedió a notificar, si hay resistencia, Carabineros actuará con fuerza y tendrá la facultad de allanar y descerrajar", explicó el oficial.

Acuerdo

La acción que no fue necesaria, ya que luego de casi 9 horas de espera, finalmente se llegó a un acuerdo entre los vecinos, el Serviu y Carabineros, con lo cual cerca de 25 familias desarmarán sus viviendas de forma voluntaria. Las restantes ocupan terrenos que pertenecen a privados, que en el caso de querer recuperar sus sitios deben iniciar una acción judicial.

"Acá hay gente enferma, gente diabética, personas postradas, niños, mujeres embarazadas. Estuvimos 3 meses viviendo en carpas y nunca vinieron, esto era un basural, estuvo tantos años desocupado y ahora tienen el apuro por desalojar", refirió Mileidi Valdivia, vocera de los pobladores, que en su mayoría eran jefas de hogar con niños.

Como una forma de solidarizar con los afectados hasta el lugar llegaron pobladores pertenecientes a otros comités de vivienda; como el San Lorenzo y Gladys Marín Aymara, que mantienen tomados terrenos en otros puntos de Alto Hospicio, quienes interrumpían el tránsito de la Ruta 16 de forma intermitente.

En la oportunidad una de las consignas que nuevamente tomó fuerza es del Plan Integral para Alto Hospicio, que básicamente tiene que ver con solicitar al gobierno la entrega de un terreno urbanizado para que las familias construyan sus viviendas por cuenta propia.

"Pedimos que por lo menos nos de 1 año hasta tener una solución definitiva, así como lo hicieron con los vecinos del exvertedero, hay un déficit tremedo en la región, hay gente viviendo frente al cementerio de mascotas. Yo soy micrero, no me da para pagar un arriendo para siete personas, nadie nos da una solución y nos vemos obligados a tomarnos un terreno", aseveró Segundo Ramos.

400 familias aproximadamente viven en el campamento.

Al ser consultado por este desalojo del campamento del Boro, el gobernador Francisco Pinto, señaló que hace tres días se había notificado a los pobladores de esta resolución del Serviu, la cual nuevamente se comunicó ayer en la mañana.

La autoridad afirmó que seguirán adelante con este tipo de medidas, "si llegan notificaciones de los diferentes terrenos de los ministerios, Bienes Nacionales, Serviu, Obras Públicas nosotros procedemos", expresó, no descartando que puedan generarse nuevas órdenes de desalojo en el transcurso de la semana.

Pinto refirió que ésta fue la última instancia, ya que anteriormente se había dialogado con los vecinos. "Con ellos hemos estado conversando permanentemente, la intendenta tuvo reunión hace una semana con todos los comités, Serviu ha estado trabajando con ellos... yo mismo he estado con ellos", refirió.

Por último se refirió a la composición de los campamentos, "allí hay una mezcla de personas hay gente que necesita la vivienda y gente que no necesita, hay gente que anda ofreciendo terrenos y cobra por estos terrenos, esta mezcla perjudica fundamentalmente a quienes lo necesitan", reflexionó.