Un operativo lanzado el año pasado por las autoridades venezolanas para combatir la delincuencia provocó cientos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportación de ciudadanos colombianos.
Así lo afirmaron ayer en el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rights Watch (HRW).
En un esfuerzo por reducirle la presión a los jóvenes ante las fiestas de año, el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile¿ anunció ayer que adelantará la fecha de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que en este caso se hará efectiva el lunes 21 de noviembre y el martes 22, y no a principios de diciembre, como era habitual.
En la mañana de esa primera jornada se rendirá el test de Lenguaje, mientras que en la tarde será el turno de Ciencias. El martes primero se tomará la de Matemáticas y luego la de Geografía y Ciencias Sociales.
Los resultados también estarán antes, el 19 de diciembre, las postulaciones serán hasta el 23 y su efecto se conocerá el 9 de enero.
Autoridades esperaron que les dé más tarnquilidad a los estudiantes.
El inicio de la Operación Renta marcó un récord de declaraciones tributarias por la internet, según informó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII). El 1 de abril, en su primer día de recepción de formularios, hubo 330.526 contribuyentes que enviaron su documentación por la red, un 38% más que el año pasado.
Hasta el mediodía de ayer, las operaciones recibidas alcanzaban las 507 mil, de las que 17.120 se enviaron a través de un smartphone o una tablet. Para mayor asistencia en el proceso el usuario puede consultar la página web www.sii.cl.
Debido a que no fue posible realizar una imputación conforme a lo penal, ayer el fiscal Luis Pérez Calaf informó que no insistirá con la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet por sus presuntas responsabilidades con las muertes del 27 de febrero, cuando un terremoto y posterior tsunami afectó a la zona centro sur del país.
En una larga y emotiva jornada, ayer 33 personas relataron ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, sus vivencias en esa madrugada cuando murieron algunos de sus familiares.
El relato continuará hoy, hasta que hablen los 141 querellantes, para que luego la jueza Carolina Gajardo, se pronuncie sobre si acogerá o no la salida alternativa que busca evitar el juicio oral de los imputados a cambio del pago de un indemnización de $235 millones y de $10 millones para financiar un seminario.
Las tropas sirias y milicianos aliados presionaron ayer contra los milicianos del grupo Estado Islámico en el centro de Siria, enfrentándose con los extremistas en los alrededores del pueblo de Qaryatain.
La ofensiva se realizó bajo la cobertura de ataques aéreos rusos y asestó otro revés para el grupo extremista en Siria, una semana después de que el ejército retomara la histórica ciudad de Palmira.
Un controvertido plan de la Unión Europea para frenar la migración y deshacer las redes de contrabandistas en Turquía empezó con la deportación de 202 migrantes.
Jorge Reyes P. - Medios Regionales
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó ayer la decisión de demandar a los padres o tutores de menores que destruyan bienes públicos en manifestaciones, como señaléticas, semáforos o paraderos, en un anunció que desagradó a dirigentes estudiantiles y representantes del sector.
La diputada comunista Camila Vallejo dijo que la medida "no resuelve el problema de origen, y que además podría abordarse desde otro punto de vista". En lugar de demandas, propuso que deban pagar por otras vías, como "trabajos sociales o trabajos comunitarios para poder aprender desde esa forma y no tener que responsabilizar a familias con multas que son exorbitantes y que ni siquiera van a poder pagar", añadió.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios(Cones), José Corona, lamentó la decisión y coincidió en que no solucionará el problema.
"Esto deja para la arbitrariedad y muchas veces para la criminalización de los movimientos sociales", dijo a radio Cooperativa.
Corona continuó su critica a través de Twitter: "El Ministerio del Interior responsabiliza a padres por delitos de menores de edad. ¿El Estado no es responsable de la segregación que da paso a la delincuencia?".
"La mayoría de los jóvenes vulnerables provienen o desertan de la educación pública", agregó.
Dirigentes de distintas universidades se expresaron en similares términos.
La decisión de recurrir en contra de los padres fue tomada luego de una consulta realizada por la Subsecretaría del Interior el 3 de marzo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que respondió positivamente a la moción.
"El CDE manifestó que efectivamente nosotros podemos hacer demandas civiles para recuperar el total o parte del costo del daño a la infraestructura pública", dijo Aleuy.
Como condiciones para recurrir por esta vía se acordó que debe existir una sentencia; el daño tiene que ser en bienes públicos; se debe acreditar la pérdida; habrá un plazo de prescripción; que los demandados tengan capacidad de responder; y el infractor debe vivir con sus padres.
Aleuy rechazó un intento por criminzarlizar el movimiento social. "En ningún caso hacen demandas contra organismos sociales que se manifiestan públicamente".