¿El estado en defensa de los derechos o de la propiedad?
Según la encuesta Casen del año 2013, el déficit habitacional de nuestra región en ese entonces era de 11.095 viviendas. Considerando el aumento del desempleo, el crecimiento de la ciudad sin una planificación acorde y la migración interna y externa, no es sorpresa para nadie que ese déficit hoy sea mayor.
Además, como consigna el diario La Tercera basado en el estudio entregado por el INE durante la semana pasada, la región de Tarapacá es una de las tres regiones con las viviendas más caras -para venta y arriendo- de todo Chile, como consigna un diario nacional basado en el estudio entregado por el INE la semana pasada.
Por si eso fuera poco, viendo la problemática de los campamentos desde una perspectiva netamente cuantitativa, la respuesta del Gobierno -sin desconocer que se han hecho algunos esfuerzos- no ha sido suficiente para que podamos terminar con los campamentos, ni menos aún de reducir considerablemente el déficit de viviendas de la región.
En las últimas semanas, en la comuna de Alto Hospicio se han realizado diversas tomas de terrenos privados y fiscales por parte de familias que llevan años en comités de vivienda y que, por mencionar algunos motivos, no pueden seguir pagando los elevados precios de arriendo o que viven el hacinamiento como un problema cada vez más latente.
Todo esto es una demostración explícita de las falencias de nuestro sistema en materia habitacional. Ante lo anterior, las autoridades provinciales y regionales han manifestado que no avalarán las tomas y que todas aquellas que se encuentren en terrenos fiscales serán desalojadas; primando el legítimo derecho de propiedad pero desconociendo y violando el derecho a la vivienda adecuada de las familias desalojadas como se estipula en tratados internacionales a los cuales el Estado de Chile ha suscrito y que, como consigna nuestra Constitución, debiese respetar y promover.
Cabe entonces hacernos las preguntas ¿Cómo el Estado puede forzar a familias que ya están habitando en una situación precaria a no tener dónde habitar? ¿Qué solución entrega el Estado de Chile a esos cientos de familias que dejará voluntariamente en la calle?
En estas situaciones, al no haber una justificación más que "el ser propietario", creemos que el Estado debiese abstenerse de efectuar desalojos forzosos por la naturaleza de éste como representante del bien común y al servicio de las personas. Y de esa manera, velar por el bienestar y los derechos de sus representados.
Andrés Mardones Morales,
director regional
Techo-Chile.