De acuerdo a información publicada por El Mercurio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó antecedentes de las asignaciones parlamentarias del senador Fulvio Rossi, con el fin de evaluar una posible querella por fraude al fisco contra el legislador.

El diputado Hugo Gutiérrez ya había presentado una querella contra Rossi, también por el delito de fraude al fisco, dado que la corporación Casa Abierta, vinculada al senador y destinada a la atención de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, funciona en su oficina parlamentaria, la que, junto con recibir aportes monetarios por parte de distintas reparticiones públicas, es financiada por el Congreso Nacional.

Desde el CDE comunicaron que el Ministerio Público ya envió los antecedentes del caso y que "tales irregularidades dicen relación con el uso indebido, tanto en Iquique como Alto Hospicio". Sin embargo, a través de un comunicado, Rossi recordó que un comité de auditoría parlamentario efectuado en ambas comunas "no detectó el uso indebido de las oficinas parlamentarias".

"No conforme y con el claro ánimo de continuar su persecución en mi contra, el diputado Gutiérrez insistió, presentando una querella contra el trabajo realizado en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de Alto Hospicio. Hoy, producto de las diligencias propias de una querella, el tratamiento de las mujeres no se ha podido concretar. Ellas reclaman seguir con la contención necesaria para salir del flagelo de la violencia. Hago un llamado al diputado a dejar de perseguir a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar con el único afán de perjudicarme", manifestó Rossi.

Mauricio Torres Paredes

Los consejeros regionales José Lagos (UDI), Espártago Ferrari (RN), Richard Godoy (DC) e Isidoro Saavedra (sorismo) llegaron hasta la Fiscalía Local de Iquique a interponer una denuncia contra la intendenta Claudia Rojas, por los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Aunque no se presentaron, la acción judicial también fue patrocinada por los cores Lautaro Lobos (sorismo), Rubén Berríos (PS) y Franitza Mitrovic (sorismo).

Los consejeros piden investigar el vínculo entre la intendenta y el dueño de la casa donde funciona actualmente la Corporación para el Desarrollo de Tarapacá, ya que, aseguran, existiría un vínculo de amistad entre ambas partes.

El principal argumento que, dicen, respalda la acusación, tiene relación con las diferentes versiones expresadas por la autoridad y la gerenta de la corporación Tania Fuentes en distintas reuniones del Core.

El documento consigna que en una sesión del 10 de marzo de 2016, Rojas señaló que "no sabía del traslado de domicilio de la corporación y que para ella había sido una sorpresa". Luego, dice el texto, en la sesión del 5 de abril, Fuentes expresó que fue la intendenta quien gestionó el arrendamiento del actual inmueble.

Finalmente, la presentación señala que los cores efectuaron "consultas informales", concluyendo que el dueño del domicilio, un empresario de nacionalidad china, posee una relación de amistad con la autoridad regional.

Contradicciones

El core José Lagos, quien lideró la denuncia, expresó que "la intendenta cae en contradicciones vitales". "Tomamos la decisión de poner los antecedentes en la Fiscalía para que determine cuál es el ilícito que se ha cometido", aclaró.

Por su parte, Godoy precisó que otro argumento que se suma a las anomalías tiene relación con la ubicación del actual domicilio en Las Terrazas del Mar al sur de Iquique.

"Es un lugar de muy difícil acceso. Antes estaba en el centro de la ciudad hasta donde llegaban beneficiarios de Iquique y El Tamarugal. Se entiende que hay una relación de amistad (de la intendenta) con él (el dueño de la casa) y eso es complejo", aseveró.

Ferrari, en tanto, dijo que "huele a peligro cuando vemos que hay información privilegiada". "Como no soy juez, me he sumado a esta presentación para que se despeje esta incertidumbre. Coincidentemente el monto del arriendo también aumentó (de un millón 500 a un millón 800 según reconoció Fuentes al Core)", remarcó el core. "La intendenta tiene audífonos y no nos escucha", agregó Saavedra.

Intendencia

"Quiero ser enfática en señalar que no tengo absolutamente nada que ocultarle a la comunidad. Estoy absolutamente disponible para entregar todos los antecedentes que la Fiscalía requiera. No tengo relación de amistad con el arrendador del inmueble en el que opera la corporación. Les solicitaría a los consejeros que presentaron esta denuncia, que fuesen más rigurosos, consecuentes y responsables en su actuar político y ciudadano, más aún cuando se trata de autoridades elegidas por la comunidad. En un tiempo más podremos concluir que aquí no ha habido ningún tipo de negociación incompatible o tráfico de influencias, como pretenden atribuirme. En ese momento espero que estos mismos consejeros, con las mismas energías, salgan a aclarar y pedir excusas públicas", respondió la intendenta Claudia Rojas.

El 4 de mayo, la Corte Suprema daría a conocer si confirma o no el desafuero del senador Jaime Orpis, quien es investigado en el marco del caso Corpesca por los delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco. Si se confirma, el Ministerio Público podría formalizar y solicitar medidas cautelares, entre ellas, la prisión preventiva.

Según El Mercurio, ayer, el abogado de Orpis, Carlos Cortés, insistió en la inexistencia de antecedentes que presuman la participación de su cliente en actos de cohecho, y por ende, en la de lavado de activos que pretende imputar la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, quien, por su parte, recalcó que Orpis aparece incorporado en los pagos de la empresa como un funcionario más, lo que solo tuvo como objetivo "tener un senador a disposición de su empleador", informó el medio.