Bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó ayer el desaforado senador por Tarapacá, Jaime Orpis, imputado por delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho en el marco del caso Corpesca, firma que, según la Fiscalía habría pagado $233 millones al exlegislador UDI para que actuara a su favor en la legislación. El formalizado lo niega.

La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, desestimó la petición del Ministerio Público, que requería la prisión preventiva aludiendo un posible peligro para la sociedad, la reiteración con que habría cometido los ilícitos, y a la pena que se expone, la que, según el fiscal Emiliano Arias, "en ningún caso sería inferior a cinco años y un día".

La jueza desechó una posible fuga, sosteniendo que el parlamentario por la región ha comparecido en cinco oportunidades y además colaborado con la investigación.

También consideró que el senador no tenía antecedentes penales, que ha repuesto el perjuicio económico causado y que las eventuales penas a las que se expone son proporcionales a la cautela asignada, y no a una prisión efectiva. En esto último, planteó que la gravedad pasa porque se vincula con hechos de corrupción a un senador, lo que a su juicio no es comparable a otros delitos como por ejemplo un robo con intimidación.

Tras la audiencia, el fiscal Arias dijo que analizarán si apelan a las cautelares.

"Nosotros insistimos en nuestra posición planteada durante todos estos días ante este tribunal, creemos que la medida proporcional para este caso por la gravedad que tiene que un senador en ejercicio esté cometiendo delitos, es la prisión preventiva. Eso es claro y no hemos cambiado de opinión en base a la resolución", manifestó el fiscal Emiliano Arias.

De todos modos, el tribunal sí justificó la comisión reiterada de los ilícitos. Ante esto, el persecutor no consideró una "derrota" que la magistrada no decretara la prisión preventiva en contra de Orpis, ya que Guerrero "dio por acreditados todos los delitos que señaló el Ministerio Público en carácter de reiterado y desechó todas las alegaciones de la defensa".

Defensa

Orpis se retiró en silencio, pero su abogado defensor, Carlos Cortés, se declaró "muy satisfecho" con las determinaciones tomadas por el tribunal.

"Hemos quedado muy satisfechos porque el fallo en el tema del cohecho, señala que no se encuentran acreditados elementos de cargo y que simplemente habían algunos indicios", dijo Cortés. Otro de los defensores del senador, Sergio Rodríguez, aseguró también que la Fiscalía Nacional habría ofrecido en su momento un procedimiento abreviado.

Hoy a las 14 horas se discutirá el plazo de investigación. El Ministerio Público adelantó que pedirá cerca de seis meses para continuar con las diligencias y anunció nuevas formalizaciones.

Redacción

Medios Regionales

En la región, las reacciones políticas a la determinación tomada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fueron dispares. El diputado del Partido Comunista y querellante en el caso Corpesca, Hugo Gutiérrez, calificó las medidas cautelares como "de dulce y agraz".

"Es correcta en la medida que da por acreditados todos los ilícitos por los que se le quitó el fuero a Orpis, cohecho agravado, fraude al fisco y delito tributario. No estoy conforme en lo que rompe el principio de igualdad ante la ley. Desde hoy hay ciudadanos de primera y segunda categoría, estos últimos son los que hurtan y roban, que según el tribunal sí causan alarma pública, son peligrosos y hay que encerrar. En cambio, los de cuello y corbata no lo son y hay que dejarlos con arresto domiciliario", expresó Gutiérrez, quien por otro lado, valoró que esta decisión da por confirmada la comisión de los delitos.

Por su parte, desde la Unión Demócrata Independiente, partido al que Orpis renunció tras reconocer un financiamiento irregular de su campaña electoral al Senado el año 2009, informaron que las medidas cautelares tomadas por el tribunal, garantizarán el buen proceso judicial a futuro.

"Luego de escuchar largamente al Ministerio Público y su defensa, y a la luz de los antecedentes expuestos, el tribunal resolvió las medidas cautelares que estimó, aseguren su comparecencia en el resto del proceso tal como lo ha hecho hasta el momento", expresó el diputado de la UDI, Renzo Trisotti.

Bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó ayer el desaforado senador por Tarapacá, Jaime Orpis, imputado por delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho en el marco del caso Corpesca, firma que, según la Fiscalía habría pagado $233 millones al exlegislador UDI para que actuara a su favor en la legislación. El formalizado lo niega.

La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, desestimó la petición del Ministerio Público, que requería la prisión preventiva aludiendo un posible peligro para la sociedad, la reiteración con que habría cometido los ilícitos, y a la pena que se expone, la que, según el fiscal Emiliano Arias, "en ningún caso sería inferior a cinco años y un día".

La jueza desechó una posible fuga, sosteniendo que el parlamentario por la región ha comparecido en cinco oportunidades y además colaborado con la investigación.

También consideró que el senador no tenía antecedentes penales, que ha repuesto el perjuicio económico causado y que las eventuales penas a las que se expone son proporcionales a la cautela asignada, y no a una prisión efectiva. En esto último, planteó que la gravedad pasa porque se vincula con hechos de corrupción a un senador, lo que a su juicio no es comparable a otros delitos como por ejemplo un robo con intimidación.

Tras la audiencia, el fiscal Arias dijo que analizarán si apelan a las cautelares.

"Nosotros insistimos en nuestra posición planteada durante todos estos días ante este tribunal, creemos que la medida proporcional para este caso por la gravedad que tiene que un senador en ejercicio esté cometiendo delitos, es la prisión preventiva. Eso es claro y no hemos cambiado de opinión en base a la resolución", manifestó el fiscal Emiliano Arias.

De todos modos, el tribunal sí justificó la comisión reiterada de los ilícitos. Ante esto, el persecutor no consideró una "derrota" que la magistrada no decretara la prisión preventiva en contra de Orpis, ya que Guerrero "dio por acreditados todos los delitos que señaló el Ministerio Público en carácter de reiterado y desechó todas las alegaciones de la defensa".

Defensa

Orpis se retiró en silencio, pero su abogado defensor, Carlos Cortés, se declaró "muy satisfecho" con las determinaciones tomadas por el tribunal.

"Hemos quedado muy satisfechos porque el fallo en el tema del cohecho, señala que no se encuentran acreditados elementos de cargo y que simplemente habían algunos indicios", dijo Cortés. Otro de los defensores del senador, Sergio Rodríguez, aseguró también que la Fiscalía Nacional habría ofrecido en su momento un procedimiento abreviado.

Hoy a las 14 horas se discutirá el plazo de investigación. El Ministerio Público adelantó que pedirá cerca de seis meses para continuar con las diligencias y anunció nuevas formalizaciones.

Redacción

Medios Regionales

En la región, las reacciones políticas a la determinación tomada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fueron dispares. El diputado del Partido Comunista y querellante en el caso Corpesca, Hugo Gutiérrez, calificó las medidas cautelares como "de dulce y agraz".

"Es correcta en la medida que da por acreditados todos los ilícitos por los que se le quitó el fuero a Orpis, cohecho agravado, fraude al fisco y delito tributario. No estoy conforme en lo que rompe el principio de igualdad ante la ley. Desde hoy hay ciudadanos de primera y segunda categoría, estos últimos son los que hurtan y roban, que según el tribunal sí causan alarma pública, son peligrosos y hay que encerrar. En cambio, los de cuello y corbata no lo son y hay que dejarlos con arresto domiciliario", expresó Gutiérrez, quien por otro lado, valoró que esta decisión da por confirmada la comisión de los delitos.

Por su parte, desde la Unión Demócrata Independiente, partido al que Orpis renunció tras reconocer un financiamiento irregular de su campaña electoral al Senado el año 2009, informaron que las medidas cautelares tomadas por el tribunal, garantizarán el buen proceso judicial a futuro.

"Luego de escuchar largamente al Ministerio Público y su defensa, y a la luz de los antecedentes expuestos, el tribunal resolvió las medidas cautelares que estimó, aseguren su comparecencia en el resto del proceso tal como lo ha hecho hasta el momento", expresó el diputado de la UDI, Renzo Trisotti.