Carolina Collins - Medios Regionales

Los parlamentarios de la llamada banca transversal de seguridad ciudadana acudieron ayer hasta la Iglesia de la Gratitud Nacional de Santiago, que fue saqueada durante la marcha estudiantil del jueves, y pidieron al Gobierno que le otorgue urgencia al proyecto de ley que sanciona a los encapuchados.

Durante la manifestación del jueves un grupo de encapuchados sacó de la iglesia la imagen de Cristo y la quebraron lanzándola contra el pavimento en pleno centro de la capital.

Los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Daniel Farcas (PPD), llamaron al Ejecutivo a darle urgencia al proyecto que ingresó al Parlamento la semana pasada y que permite detener de manera inmediata y aplicar multas de 1 a 4 UTM, a las personas que sean sorprendidas en manifestaciones ciudadanas ocultando su rostro.

El proyecto será analizado el miércoles en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

"Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, usted es la única que puede parar esto", dijo Fuenzalida.

A pesar que el proyecto plantea multas de entre 1 y 4 UTM ($43.760 a $175.040), el parlamentario aseguró que "he ido cambiando mi parecer y creo que hay que poner una pena privativa de libertad en un rango entre 541 días y 3 años y un día. Hay que poner una pena alta que sea disuasiva".

Nogueira, por su parte, aseveró que "no basta sólo con el reproche social de los organizadores de las marchas. Ellos deben hacerse responsables y además tenemos que tener una ley antiencapuchados".

Posición del Gobierno

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, reiteró la postura de la Presidenta Michelle Bachelet frente al tema, destacando que "con o sin capucha estos son delitos que deben ser perseguidos por la justicia, por tanto, yo no creo que sea la ley la que resuelva el problema".

El vocero de La Moneda enfatizó que el Ejecutivo está dispuesto a discutir las iniciativas que presenten los parlamentarios, pero aclaró que el Gobierno no busca leyes que surjan desde la contingencia, "sino que sean leyes pertinentes, efectivas y que resuelvan los problemas. Vamos a discutir, vamos a conversar lo que ellos quieran plantear...".

Misa de desagravio

Por otro lado, el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, encabezó ayer una misa de desagravio en Iglesia de la Gratitud Nacional, en rechazo a la profanación del templo durante la marcha estudiantil del jueves. Monseñor Ezzati expresó que los hechos ocurridos en medios de la protesta reflejan "una crisis de la conciencia nacional".

Tras la reunión que sostuvieron el viernes la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y los dirigentes de la Confech, el Consejo de Rectores (Cruch) expresó sus inquietudes sobre la obligatoriedad de la acreditación para todas las instituciones y el nuevo sistema único que estará bajo la supervisión del Ministerio de Educación.

En esa línea, el organismo indicó que sus miembros desconocen los artículos que les competen y expresaron su preocupación tanto por la forma de financiamiento como un eventual fin de la autonomía universitaria. "Nosotros no conocemos en detalle el tema de la minuta, salvo lo que se ha conocido por la misma prensa, que ha dado a conocer el avance con la Subsecretaría de Educación, pero también en el sentido de poder generar un espacio para la discusión en torno a lo que es la Superintendencia", explicó el rector de la Universidad Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán.

"Creo que ahí hay elementos que vamos a tener que ver cómo viene en lo específico la ley, porque hasta ahora hay una fuerte preocupación en torno a lo que sería la autonomía de las universidades", añadió Durán, citado ayer por radio Cooperativa.

En tanto, el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, sostuvo que el Gobierno priorizará el diálogo y seguirá "escuchando la voz de los estudiantes". "Si hay algo que distinga y caracteriza a este Gobierno es que tiene una voluntad de debate permanente", afirmó el secretario de Estado.

En una reunión que abordó las materias pendientes sobre diversidad sexual, el Gobierno, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alcanzaron ayer un acuerdo para impulsar un proyecto de ley de matrimonio igualitario.

La iniciativa tuvo su génesis en la demanda que presentó el Movilh contra Chile ante la Cidh en 2012, que alude a la prohibición del matrimonio igualitario en Chile.

El comisionado de la entidad interamericana, Enrique Gil Botero, calificó el acuerdo de "histórico" y puntualizó que este proyecto de ley "igualará todos los deberes y derechos entre parejas homosexuales y heterosexuales. Sino, no se podría llamar matrimonio igualitario".