Consultada sobre las imputaciones del alcalde de Huara, Carlos Silva, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá, no se refirió al rechazo de la reevaluación del proyecto solicitada en diciembre del año pasado.

En relación al proyecto No obstante informó que se encuentra a la espera de la convocatoria de parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para conformar la mesa técnica y dar buen término a este proyecto, ya que la empresa constructora tuvo término anticipado de contrato.

Agregaron que la convocatoria fue acordada en reunión del Consejo Regional el pasado 2 de junio.

"Este proyecto cuenta con rentabilidad social otorgada por esta Secretaría Ministerial y aclaramos que el rol de esta Seremi es la de evaluación de proyectos y no su ejecución", afirma un comunicado.

En tanto desde el equipo de comunicaciones de la Intendencia no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición en relación al por qué aparecen cobradas las boletas de garantía de dicho proyecto.

Consultado por el estado del proyecto, el director de Arquitectura, Vladimir Urias, reconoció que efectivamente el Ministerio de Desarrllo Social no acogió la solicitud enviada en cuanto a la reevaluación del proyecto, afirmando desconocer las razones.

Agregó que al intentar liquidar el contrato del Cerro Unita, efectivamente la Contraloría hizo una observación al Gobierno Regional referido al tema financiero y a ellos al tema administrativo, no obstante "estamos haciendo los trabajos posibles para sacar esto adelante", para lo cual se conformó una mesa técnica.

En relación a las boletas de garantía refirió que la Contraloría está haciendo un seguimiento al tema financiero de este proyecto, no obstante el Gobierno Regional debía pronunciarse con respecto a ese tema.

Por último clarificó que tanto el contrato de la capilla auxiliar de San Lorenzo y el muro "son dos proyectos distintos, con contratos distintos y garantías distintas".

Ximena Araya Monroy

Sus dardos contra el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el alcalde de Huara, Carlos Silva, a los que responsabilizó del retraso en casi dos años del proyecto del cierre perimetral del Cerro Unita, acusando además un mal uso en las boletas de garantía de este proyecto, que a su juicio mantienen entrampada esta iniciativa.

La constructora Frontanilla y Orellana comenzó a ejecutar la obra en mayo de 2013 y durante el terremoto de abril 2014 el muro se derrumbó y en junio de ese mismo año la empresa paralizó sus trabajos y se declaró en quiebra.

El 2 de diciembre de 2015 el director regional de Arquitectura, Vladimir Urias, solicitó a la intendenta regional Claudia Rojas recursos adicionales por 123 millones de pesos para concluir con las obras mientras se gestionaba la liquidación anticipada del contrato anterior, esto porque la intendencia era el administrador financiero del contrato.

Días después el intendente (s) Claudio Vila envió una oficio a la Seremi de Desarrollo Social donde solicitaba la reevaluación del proyecto, algo que según el alcalde Carlos Silva el servicio nunca realizó y rechazó. "El rechazo me parece muy sospechoso, que teniendo todos los antecedentes del proyecto no se haya querido reevaluar y reasignar recursos al proyecto porque es la única vía que tenemos para poder terminar con el proceso de reconstrucción del cerro Unita", cuestionó el edil, sospechas que a su juicio estarían fundadas en un documento enviado el 2 de abril desde el Gobierno Regional donde las boletas de garantía del proyecto aparecen cobradas, según indicó el edil, para liquidar el contrato de mejoramiento de una capilla anexa al Santuario San Lorenzo, que es un proyecto distinto al cierre perimetral.

Por esta razón el alcalde Silva rechazó cualquier tipo de responsabilidad en el retraso por parte del municipio y emplazó a la intendenta regional Claudia Rojas y a la seremi de Desarrollo Social Mariela Basualto a "que clarifiquen el rechazo de los recursos que se necesitan para terminar el financiamiento y qué pasó con las boletas de garantía del proyecto que son de 591 UF y que están cobradas", afirmó Silva, antecedentes que pondrá a disposición del diputado Hugo Gutiérrez y del presidente del Consejo Regional Richard Godoy para que se analicen el próximo pleno.