Crismary Castillo Marengo
A sus 76 años de vida la historia de perder su casa a causa de uno de sus familiares le pareció muy lejana, ya que era una propiedad que había heredado de sus padres
La situación comenzó cuando su sobrino, a quien había cuidado desde pequeño, comenzó a adueñarse de a poco de toda la vivienda junto a su nueva familia, al punto que actualmente ella ya no vive en su propio hogar y, el espacio en donde quedaba su habitación, sufrió un grave incendio quedando inutilizable.
Sin embargo, el resto de la casa está siendo ocupada por su sobrino, sin que éste cuente con los documentos reglamentarios de posesión del inmueble. El caso está en la justicia y, esta abuela de 76 años -que no quiso identificarse-, dejó su casa en Iquique para mudarse a Alto Hospicio, lejos del lugar donde nació.
Preocupación
Estos dos casos están tipificados, según el Senama, como abuso patrimonial, que se entiende como mal uso, explotación o apropiación de los bienes de la persona mayor por parte de terceros, sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio.
"En cifras sólo en el periodo de enero a abril del 2016, hay 67 denuncias por violencia contra el adulto mayor", según explicó María del Pilar Zagal, encargada regional del Senama, quien añadió que para resolver estos casos se va a tribunales o, a través de las mediaciones que hacen en convenio con la Corporación de Asistencia Judicial (Cajta).
En estos 67 casos hay temas de violencia psicológica, trato vejatorio, abuso patrimonial y abandono. Específicamente en enero hubo seis denuncias, en febrero siete, en marzo 18 y en abril se contabilizaron 10. En total 41 denuncias están en proceso judicial, mientras que el resto se solventaron por acuerdo entra ambas partes, sin llegar a un juzgado.
"Muchas veces nos encontramos con casos de abandono y el adulto mayor no tiene hijos y está solo. Si hay algún familiar se le informa la situación, pero si no hay una red de apoyo se ve la posibilidad de internarlo en una casa de larga estadía que pudiese ser en Arica, Antofagasta o Santiago", estimó Zagal.
Casa central
La situación preocupa a los dirigentes, ya que en todo el año 2015 el servicio registró 74 casos y, en el 2016, sólo en cuatro meses, ya se han recibido 67 denuncias. Para Margarita Soto, presidenta de la Unión Comunal "Un Porvenir Mejor para el Adulto Mayor" la gran falencia que tiene el gobierno con los adultos mayores en Tarapacá es la falta de una casa central para su atención.
"¿Qué hacemos con todos esos adultos mayores que están encerrados en sus casas? El maltrato empieza desde las altas esferas. Al no tener una casa que reciba las víctimas, se sigue agrandando el problema porque debe volver al lugar donde tuvo el problema", manifestó la dirigenta.
Según contó, el principal problema es que los derechos de los adultos mayores no aparecen en la Constitución. "¿Dónde están los derechos humanos del adulto mayor? No los tenemos. Si uno va a una oficina lo atienden mal. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Nadie", planteó Soto.
En opinión de la dirigenta, si el Estado no se preocupa de los adultos mayores, la misma sociedad debe demandar que la autoridad se fije en estas personas.
"Hay que denunciar porque es lo único que podemos hacer ya que no contamos con una casa para el adulto mayor maltratado", finalizó Soto.
40 mil 512 adultos mayores, viven en Tarapacá, de los cuales, 54,40% son jefes de hogar.
