"Podrán hacer mil allanamientos más. Podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo..." escribió ayer la ex presidenta argentina Cristina Fernández, en su cuenta de Twitter. El posteo lo realizó luego de que el juez Claudio Bonadio ordenara realizar múltiples allanamientos en domicilios comerciales de su propiedad, en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

"Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no", recalcó en la red social la viuda del también ex presidente Néstor Kirchner.

La diligencia se realizó en propiedades de la inmobiliaria Los Sauces S.A., ubicadas en Río Gallegos, El Calafate y el Chaltén.

El caso se originó tras una denuncia presentada en abril por la diputada de centro-izquierda Margarita Stolbizer. Según el diario argentino Clarín, ayer también fueron allanados edificios vinculados al empresario Lázaro Báez, detenido y procesado por lavado de activos.

La Corte Suprema dio luz verde para solicitar a Malta la extradición de Alberto Chang, fundador del grupo Arcano, investigado por la instauración de un esquema piramidal con el que habría embaucado a sus clientes, prometiendo rentabilidades inusitadamente altas en sus inversiones.

Chang fue formalizado en ausencia por los delitos de estafa, lavado de actos e infracción a la ley de bancos. Las querellas en su contra por estafa superan los $2.500 millones.

El visto bueno de la Suprema ocurre luego de que el tribunal declarara inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Chang. De este modo se ratificó lo decretado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el requerimiento de la fiscalía.

El siguiente paso es formal: Cancillería deberá traducir el requerimiento de la Suprema y enviarla al gobierno de Malta, que deberá resolver si lo envía o no a Chile.

En mayo, Chang dio una entrevista desde Malta en que aseguró que "no vengo a Malta para escapar de la justicia". Entre sus presuntas víctimas hay figuras públicas tales como el atleta Tomás González y el animador José Miguel Viñuela.

Camila Espinoza - Medios Regionales

A pocos días de que el gobierno ingrese el proyecto de reforma a la educación superior, cuya presentación ha sido postergada en más de una ocasión, los rectores realizaron ayer duras críticas a la iniciativa, que debiera ingresar el lunes al Congreso.

El rector Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de rectores (Cruch) planteó que "tenemos una crítica en común. No hay un fortalecimiento a las instituciones que todavía reciben aportes basales que no les permiten garantizar su desarrollo futuro".

El académico manifestó su preocupación por las casas de estudio que no cuentan con suficientes recursos: "Creemos que se deben introducir herramientas que permitan fortalecer a las universidades regionales y a aquellas universidades que, sin hallarse en regiones, tienen un muy bajo financiamiento público".

Por su parte, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), Ennio Vivaldi, calificó la iniciativa de "paupérrima".

"Nunca nosotros esperamos que lo que saliera de todo este proceso fuera algo tan deslavado, que no tiene ninguna concordancia con lo prometido en términos de volver a colocar la responsabilidad del Estado en la Educación Superior", dijo Vivaldi. En la entidad afirmaron que se "busca consolidar la mercantilización del sistema de Educación Superior. De aprobarse, se reafirmaría un modelo, existente sólo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado".

Mientras, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que "no conocen bien cómo está quedando el proyecto" y pidió tener confianza hasta el lunes, cuando ingrese al Congreso.