Mauricio Torres Paredes
La creación de una institucionalidad para la Educación Superior, a través de una superintendencia, una subsecretaría y un consejo de la calidad, así como la acreditación obligatoria, y no voluntaria, de las casas de estudio, son parte de las ideas que podrían transformarse en ley, luego que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara, el domingo en cadena nacional, el envío al Congreso del proyecto que busca reformar el sector.
La Mandataria explicitó una serie de lineamientos, aunque sin entrar en detalles: nuevo marco de financiamiento público, revisión de la PSU como medio de acceso a la universidad, fortalecimiento del área técnico profesional, método de cualificación para títulos profesionales que asegure conocimientos y capacidades, y "apoyo preferente" a las universidades estatales, aunque manteniendo un sistema mixto.
A nivel regional, desde la Universidad Arturo Prat, expresaron que aún no hay claridad respecto a cómo se fortalecerá la educación pública. Su rector, Gustavo Soto, dijo que no hay antecedentes suficientes para calificar el proyecto, aunque en su mensaje, Bachelet manifestó que la iniciativa fortalece el rol de las universidades estatales en materia de diversidad, equidad y servicio país.
"Este tema es de vital importancia, no solo para nosotros, sino para todo un país que ve con esperanza que el Estado asuma un rol más activo en el sistema educacional, que hoy no responde a las necesidades y cambios que ha sufrido nuestra sociedad, dejando fuera a muchos jóvenes que no pueden pagar ni endeudarse para estudiar", exclamó Soto, asegurando que los rectores se mantendrán "alerta" ante la discusión que recién se inicia.
Gradualidad
El seremi de Educación en Tarapacá, Francisco Prieto, aclaró que el proyecto busca que el Estado se haga cargo del financiamiento, de forma gradual, y resguardando la calidad.
"No más del 16% de la matrícula de Educación Superior estudia en una universidad del Estado. No se trata que llegaremos al 30, 50%, sino que gradualmente veremos cómo se fortalecerá la educación pública, cuidando la calidad a nivel superior y así aumentar las matrículas", explicó, adelantando que el proyecto tendrá una larga discusión, ya que, si bien los ejes están dados por el gobierno, hay miradas distintas.
En cuanto a cómo se llevará a la práctica el "apoyo preferente" hacia las universidades del Estado, Prieto dijo que aún no hay claridad. "No lo sabemos todavía, pero hay una decisión y un compromiso del gobierno de tener una atención preferente con la educación pública", aseguró el seremi, precisando que una de las opciones sería un aporte basal de mayor preponderancia a estos planteles.
Ambigüedad
Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, Felipe Pardo, el fortalecer la universidad estatal no solo se traduce en términos de financiamiento.
"Si bien se dan ciertas luces de que probablemente se pudiera fortalecer la educación pública, es bastante ambiguo el proceder propuesto por el Ministerio de Educación, y no da garantías. No hay avance significativo en cuanto a la inyección de recursos. Además, nosotros esperamos que una universidad estatal, pública, sea totalmente democrática. No se nos permite votar por los decanos o el rector. Esperamos que dentro de una institución pública no exista la precarización laboral de sus trabajadores, ni la persecución hacia sus estudiantes. Aún falta avanzar en cuanto a lo público. ", detalló.
"Hay una decisión y un compromiso del gobierno de tener una atención preferente con la educación pública".
"Si bien se dan ciertas luces de que se pudiera fortalecer la educación pública, es bastante ambiguo ".
