Leo Riquelme

El proyecto de reforma a la educación superior inició ayer su trámite en la Cámara de Diputados, y lo hizo en medio de protestas estudiantiles callejeras y un fuerte rechazo en diversos sectores. Una de las críticas es que no cumple la promesa de impulsar la gratuidad universal y sólo planteó una fórmula asociada al crecimiento de la economía, aunque sin plazos para alcanzar al 100% de la matrícula.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó que conseguir esa meta le costaría al país casi US$4.000 millones al año, que equivalen a 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). En esa línea, avisó que el Gobierno no promoverá una nueva reforma tributaria para sumar recursos.

Tras recordar que el precio del cobre se ha contraído en los últimos años, añadió que incluso si el mineral se recuperara en las próximas administraciones y se mantuviera por sobre los US$3 la libra, "será la sociedad la que debe discutir si quiere usar todo ese dinero en educación o compartirlo con otras preocupaciones, como la salud o las pensiones", ejemplificó.

El Ejecutivo consiguió en 2014 la aprobación de una reforma tributaria que prometió elevar la recaudación fiscal en US$8.000 millones, de los que una parte se destinaría a las distintos proyectos de educación propuestos y el resto a otros requerimientos sociales. La reforma ingresada ayer apuesta a llegar con gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables al 2018.

El proyecto establece que para ello en 2017 se destinarán $202 mil millones (equivalentes a US$304 millones) para las instituciones y, en 2018, subirá a $324 mil millones (US$487 millones). Eso abarca sólo a alumnos de universidades, y no a institutos ni centros de formación técnica, que fueron marginados por un fallo del Tribunal Constitucional. Para becas de mantención en el nivel superior, el Ejecutivo requirió $4.642 millones para el 2017 y $18.167 millones.

El director del F.B.I., James B. Comey, recomendó no imputar por uso de información clasificada a la precandidata del partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, por el caso de uso de un email y servidor personal mientras era secretaria de Estado de la administración del presidente Barack Obama. Para presentar cargos criminales, dijo, tendría que haberse encontrado evidencia de que ella intencionalmente envío o recibió información clasificada, algo que el F.B.I. no encontró. "Nuestra evaluación es que ningún perseguidor razonable apoyaría ese caso", dijo.

La fiscalía Metropolitana Sur abrió una causa tras la denuncia de abuso sexual presentado por la atleta y abanderada olímpica chilena, Erika Olivera, en contra de su padrastro. Según el relato de la deportista, éste habría abusado entre los cinco y 17 años de la corredora, que hoy tiene 40.

Según informó Emol, tras conocerse la denuncia, el padrastro de la atleta habría salido de Chile por el paso Los Libertadores hacia su país de origen, Argentina. Este caso derivó en una petición del senador Patricio Walker de poner urgencia a un proyecto que propone eliminar la posibilidad de que los abusos sexuales prescriban, el cual está en el Congreso desde 2010. La atleta apoyó la idea de legislar.