Mejorar protocolos
Hace unos días, al volver a mi casa encontré un papel oficial de la Tesorería General de la República, mediante el cual se me notificaba que mi departamento sería rematado con fecha 8 de agosto, aduciendo como motivo una deuda que mantenía con el SII, y que según consta en todos los documentos que tuve que llevar a la Tesorería Regional, está saldada, desde hace 4 años. En reunión con la profesional que originó el procedimiento de remate, se me indicó que había un error en el sistema que refleja el pago que hice en su oportunidad. Dos días atrás encontré en Conserjería un documento de un Juzgado de Policía Local mediante el cual se me "condenaba" a pagar 1,5 UTM por una infracción que habría cometido ante un Inspector Fiscal, de la Seremi de Transportes, parte que jamás vi, cursado en abril y que generó mi "condena".
Ambas situaciones logré enfrentarlas con el apoyo de familiares y abogados, pero el sentimiento que me quedó de estas experiencias, es haber sido maltratado, considerado como culpable sin siquiera ser consultado.
Yo pude contar con apoyo especializado de mis parientes, pero la gran mayoría de las personas no tienen esa suerte, por lo que mi reflexión apunta a los efectos de este tipo de errores en la vida de las personas, en el tiempo que se pierde al tratar de demostrar que es un error ni siquiera de uno, y lo que es mas importante, el impacto que genera leer en un documento oficial del Estado de Chile, palabras como "remate, condena, cárcel por tres fines de semana, arresto", etc. Y todo esto por una deuda que no existe y por algo que no sabía que había cometido.
Me imagino que a muchas personas les habrá pasado lo mismo, y espero que esta carta sirva para que quienes tienen la responsabilidad legal de disponer y ejecutar procedimientos punitivos, revisen y mejoren sus protocolos.
Carlos Zavala Ortiz
Práctico de puerto Iquique, Patache y Patillos