Mauricio Mondaca - Medios Regionales

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estimó ayer que el alza en la cotización previsional de 10% a 15%, con cargo al empleador, propuesta por la Presidenta Michelle Bachelet tendrá un costo fiscal en régimen de 0,5% del PIB, lo que equivale a unos US$ 1.500 millones.

El secretario de Estado precisó que el cálculo se obtiene tomando en cuenta un aumento del tope imponible de 50%. En la actualidad dicho tope es de 74,3 UF mensuales, equivalente a $ 1 millón 944 mil.

El ministro señaló que el planteamiento de que el incremento en la cotización sea gradual se hace tomando en cuenta consideraciones del mercado laboral y la restricción fiscal. Asimismo indicó que, si bien no está definido cuánto podría ir subiendo en cada año en específico, si se alcanza en el plazo máximo de 10 años propuesto, sería de 0,5 puntos porcentuales por año.

Sobre el financiamiento del mayor costo para el Estado, Valdés comentó que no está prevista una vía específica y que la gradualidad en su implementación y el hecho que existen otros factores presupuestarios a los que echar mano, permite estimar que debiera bastar un alza de las rentas generales para abordarlo.

En cuanto al destino de los fondos que se recauden, el titular de Hacienda explicó que irán a un cuarto pilar, que se suma a los actuales pilar solidario, cotización individual y ahorro voluntario.

Este instrumento, agregó, tendrá dos usos: una cotización solidaria intergeneracional (más equidad en las pensiones actuales) y otra intrageneracional (más equidad en las pensiones futuras).

Respecto de la administración de los recursos, el jefe de las finanzas públicas dijo que "lo más lógico" sería que en el primer caso se depositaran en las cuentas de los beneficiados, mientras que para el segundo fueran manejados por un administrador único. Los mecanismos específicos para esto, puntualizó, no están definidos.

Llamado de las afp

El presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez, aseguró que las propuestas de la Presidenta Bachelet apuntan a "una serie de cambios regulatorios", por lo que es "fundamental que dichas modificaciones sean fruto de un debate, del cual esperamos ser parte, ya que algunos de los anuncios esbozados pueden terminar perjudicando las pensiones de nuestros afiliados".

Sin dar detalles de lo que la industria cree que podría amenazar la rentabilidad de las pensiones, Pérez recalcó que "estas medidas podrían, eventualmente, si fueran mal diseñadas, influir negativamente en la rentabilidad".

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, anunció que "los empresarios estamos plenamente disponibles para dialogar y colaborar".

Aunque recalcó que "se debiera discutir la magnitud del aporte del empleador, es indispensable que se haga con gradualidad, de manera de no afectar el empleo formal".

La Sofofa, a través de su presidente, Hermann von Mühlenbrock, planteó que "las propuestas deben ser producto de un debate que genere acuerdos amplios y con fundamentos técnicos y sociales".