Evelin Aguilar Paniagua

Lleva inmerso desde hace ocho años entre los campamentos de larga data como en aquellos que recientemente surgieron en Tarapacá, sin embargo esta semana le tocó ser testigo de un desalojo en la toma ubicada en el sector de La Pampa en Alto Hospicio.

En su oficina, en cuyas paredes se observan fotografías que retratan las precarias condiciones en que viven cientos de personas en las tomas, Andrés Mardones, director regional de Techo, no dudó en calificar este procedimiento como un acto de violencia. Y es que si bien aseguró estar a favor de la construcción de más de 1.400 viviendas y el hospital de la comuna, condenó los criterios que se aplicaron para reubicar a parte de las familias.

El diseñador de profesión, quien desde el 2014 está en el cargo, habló además de los avances y retrocesos en el manejo de este "fenómeno".

- Esta semana se desalojó a 300 familias que ocupaban terrenos fiscales en La Pampa ¿cuál es su opinión respecto a lo sucedido?

- Cuando inició el desalojo partidos para allá, nos comunicamos con el Indh para poder tener un observador de lo que estaba pasando, y lo que pudimos constatar, en el mismo terreno, fue el nivel de violencia que hubo por la cantidad de efectivos policiales, guanacos, lacrimógenas; fue bastante violento el procedimiento en sí, además también lo que significa que una máquina pase destruyendo todas las viviendas. La postura que tenemos frente a esto es que cualquier desalojo que se realice en un campamento o una toma y que no tenga al menos una solución transitoria para las familias, es un atentado a los derechos humanos de esas personas.

- Dicha toma se generó recientemente y ya fue desalojada porque está la promesa de ejecutar dos proyectos, sin embargo, hay otras con años de existencia ocupando también terrenos fiscales y aún siguen ahí…

- El campamento que se generó en La Pampa no fue desalojado completo, solamente los paños donde se construirá el plan maestro de las 1.470 viviendas y el hospital, y en esa línea obviamente nosotros estamos de acuerdo con que se realicen (...) Ahí también hay un tema que nos preocupa bastante porque de estas 300 familias que se desalojaron, se reubicaron algunas en el sector de Santa Rosa pero no a todas, sino que se ocuparon ciertos criterios que en el fondo era que la familia que es hábil para postular a un subsidio habitacional se va a reubicar, los que no son hábiles tienen que ver cómo lo solucionan. Desde el gobierno regional ocuparon como criterio -"a claro tú eres inhábil y quiere decir que ya tuviste una propiedad"- pero no necesariamente lo es porque puede ser por no tener ficha de protección social o por ser migrante y no tener la residencia administrativa; entonces no se están velando por los derechos de esas familias, se está ocupando un instrumento que no es para esto, se está dejando familias en la calle con criterios administrativos.

- Y qué pasa con quienes no fueron reubicados, ¿existe riesgo de que formen otras tomas o se sumen a las ya existentes?

- A las otras familias que son las que no cumplían con los criterios de ser hábiles, que probablemente ahí va a estar el mayor número de migrantes, familias que todavía no tienen su registro de hogares actualizado o no tenían ficha de protección social, no tenían posibilidad de reubicarse con apoyo del Gobierno, a ellos les dijeron -"tú te tienes que ir de acá y te vas donde puedas"- probablemente estas familias para poder reubicarse en un lugar van a tener que ir a otras tomas o reubicarse en la misma toma en los lotes que no se desalojaron...

- En tanto, a las que si reubicaron, ¿en qué condiciones lo hacen?

- La solución que se dio, insisto solo a un grupo de familias no a todos, fue entregarles un terrero, un lote que no tiene nada, que es información que nos entregó el Serviu, en el fondo sigue sin ser una solución. Y aquí también lo que hay que ver es que en lo que hay que preocuparse no necesariamente es de la toma, o sea sí hay que hacerlo, pero también hay que ver un paso más atrás, ver el motivo por el que están llegando esas familias a vivir a un campamento, cuáles son esos detonantes que hacen que las familias tengan que ver como una solución irse a un campamento, y se generen estos nuevos en El Boro y La Pampa y también algunos que tienen larga data como el exvertedero y Laguna Verde. Estas familias no es que tengan garantizada una solución de vivienda sino probablemente tendrán que ingresar por la vía regular.

- ¿Cree a que a nivel regional se ha hecho esta labor?

- El gobierno regional últimamente está trabajando mucho más en la construcción de viviendas, como está el proyecto de La Pampa o en Altos de Playa Blanca, que en el fondo vienen a palear la falta de vivienda pero también entendemos que el problema requiere un poco más; no es solamente el tema de la cantidad de viviendas sino tiene que ver con un montón de factores que hace que, por ejemplo, familias extranjeras estén llegando a vivir acá y que son problemas que quizás van mucho más allá de la región (…) Acá en la región se siente más el fenómeno (de las tomas) al ser una región fronteriza, con zona franca, y también con otras problemáticas como es el tema del trabajo, educacional, por lo que requieren una mirada mucho más amplia, ver el momento anterior al campamento (...).

- Considerando esas características ¿cómo ha avanzado este "fenómeno" en la región"?

- Hemos ido en aumento lamentablemente, si bien hubo un momento en que las familias que vivían en campamentos empezaron a disminuir, en los últimos años ha sido en aumento. Hasta el año pasado en el catastro que realizamos nosotros eran 1.682 en 15 tomas y hoy día ese número se incrementó, ahora en septiembre vamos a sacar una actualización de catastro. En el sector de El Boro y La Pampa, que son campamentos que no estaban incluidos en el catastro del año pasado, sabemos que hay muchas más familias. El sector de El Boro durante todo este año partió como una gran toma y se fue seccionando, y el otro, en La Pampa, tiene algunas distribuciones como más territoriales, como el campamento que se desalojó decían que eran el campamento Raúl Silva Enríquez.

- El Gobierno apunta a la erradicación de tomas pero este año en la región se sumaron dos, se está yendo en sentido contrario…

- Hay un montón de comités que llevan mucho tiempo esperando, que han buscado soluciones y llevan años tratando de obtener una solución habitacional que no se ha dado, y llega un punto en que las familias dicen "no puedo seguir pagando un arriendo, no puedo seguir viviendo de allegado con un familiar" y deciden organizarse e ir a tomar un terreno. Basta también con mirar la historia, Alto Hospicio ha sido algo similar, sin querer decir que la forma de acceder a una vivienda es irse a un campamento, claramente no es la idea, pero son familias que en la desesperación de no tener una solución y de llevar años esperando obtenerla, deciden hacerlo.

- Sin embargo debe haber formas para evitar que esto siga en aumento...

-Es súper complejo. Dentro del Ministerio de Vivienda hace un tiempo atrás se empezó con el subsidio de arriendo y nosotros estamos un poco de acuerdo entendiendo que la vivienda en propiedad tampoco es una solución tan efectiva porque lo que hemos visto en la historia de Chile de viviendas que se entregan en la periferia y no termina siendo una solución, y el subsidio de arriendo en ese sentido te permite esa movilidad, a mí me entregan una plata y yo puedo arrendar un departamento o una vivienda, entonces esa puede ser una vía, que exista mayor cantidad de subsidios de arriendo contextualizados obviamente para cada región o ciudad en los valores.

Las familias que llegan al campamento lo hacen por una necesidad no por comodidad, pero el proceder en este caso fue muy violento y cuando viene la reubicación tampoco es el adecuado porque se generan estas discriminaciones. Nosotros creemos que cuando es necesario proceder a un desalojo tiene que cumplirse con ciertos mínimos y también tiene que cumplirse con entregarles una solución al menos transitoria a todas las familias que se están desalojando, ese es deber del Estado y no se está cumpliendo.

- Eso quiere decir que al reubicar a este grupo de personas en otro terreno y con las mismas condiciones, ¿se está generando una nueva toma?

- Efectivamente. Nosotros definimos como campamento a un grupo de ocho o más familias agrupadas con tenencia irregular de terreno y sin acceso a uno de los tres servicios básicos. En ese sentido, todas estas familias que se trasladan para allá van a seguir en la misma situación pero quizás ahora en un terreno que, si bien está un poco más controlado porque fue cedido transitoriamente, el contexto sigue siendo el mismo.

"La solución (...) que se dio fue entregarles un terreno, un lote que no tiene nada"

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