La comisión especial de la Cámara que analizó la acusación constitucional presentada contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por la crisis del Sename, concluyó que el libelo no es pertinente, por lo que lo rechazó.
La instancia, cuyos miembros fueron elegidos al azar, tomó esa determinación luego de escuchar durante dos semanas a la parte acusatoria, representada por el diputado (Ind.) René Saffirio, la defensa de la secretaria de Estado y su abogado Jorge Correa Sutil, además de otros juristas expertos en Constitución.
Mientras los diputados Leonardo Soto (PS), Karol Cariola (PC) e Iván Flores (DC) decidieron que la moción no debería ser acogida, los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida (RN) e Issa Kort (UDI) esperaban que avanzara en su tramitación.
Sin embargo, todos los integrantes de la instancia coincidieron en rechazar el tercer capítulo de la acción, en el que se acusaba a la titular de Justicia de comprometer gravemente el honor de la nación al no respetar los derechos del niño en base a los acuerdos que el país ha firmado a nivel internacional.
Asimismo, Blanco estaba acusada de faltar a la verdad y omitir información respecto de la cifra de niños fallecidos en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) y no cumplir las leyes al no realizar sus labores de fiscalización.
Con esta resolución, la comisión especial entregará, el próximo lunes, un informe al pleno de la Cámara de Diputados en el que le recomendará que en la sesión fijada para el martes rechace el libelo.
Si la acusación es aprobada en Sala, la acción avanzará al Senado, donde finalmente se zanjará el futuro de la ministra de Justicia en el gabinete.
Durante la revisión de la acusación constitucional, la defensa de Blanco aseguró que el recurso tiene "vicios" en su formulación porque, según dijo, no queda claro si se acusa una acción, omisión u otra figura, y tampoco se explicita cuál es la causal por la que se le acusa.
Asimismo, el abogado Correa Sutil argumentó que el libelo no persigue la responsabilidad personal y directa de la secretaria de estado, sino que se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros, "imputándose genéricamente actos u omisiones de terceros".
Sobre la controversia por la entrega de las cifras de menores fallecidos, Blanco puntualizó que "a una ministra no se le puede responsabilizar por tener la rigurosidad de no dar cifras que no sean certeras y correctas", remarcando que por primera vez se está haciendo un levantamiento de los casos.
Además de esta acción, la ministra de Justicia enfrenta una segunda acusación constitucional, la que fue presentada por Chile Vamos debido a la controversia por las jubilaciones en Gendarmería.
Mabel González
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