Jonás Romero Sánchez - La Estrella

La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, dio a conocer la cifra definitiva de niños fallecidos a cargo del organismo durante los últimos 11 años. En total, el organismo contabilizó en 865 las muertes de niñas, niños y adolescentes, ocurridas entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016.

El organismo hizo la distinción entre las áreas de protección de la infancia y jóvenes infractores de ley. Dentro de la primera, contabilizó 616 muertes: 210 en centros de residencia del Sename y organismos asociados, mientras que 406 en programas ambulatorios de organismos colaboradores privados, y quienes no se encontraban en el sistema residencial.

En cuanto al área de justicia juvenil, es decir, la que contempla a jóvenes imputados o condenados por delitos contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se contabilizaron 249 casos, en total: 216 menores fallecidos bajo los programas ambulatorios de Justicia juvenil. Además, Huerta reveló que 33 adolescentes "infractores" murieron mientras se encontraban en centros de administración directa del Sename.

Para llegar a estas cifras, Huerta aseguró que "trabajamos caso a caso, uno a uno, por más de dos meses, junto al Registro Civil y el Servicio Médico Legal". Añadió que la información ya fue entregada a la fiscalía y a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Diferencias en cifras

Huerta afirmó que la diferencia con el informe revelado en julio pasado, que estimaba en 185 los niños muertos en el servicio, se debe a que ahora "se aplicó un procedimiento aún más riguroso".

Tras dicho informe, dejó el cargo su predecesor, Hugo Herrera. También se iniciaron investigaciones -tanto del Ministerio Público como en el Parlamento- para definir el número real de fallecidos.

249 jóvenes acusados o condenados por delitos fallecieron en los últimos 11 años.

El Ministerio Público formalizó ayer, en calidad de persona jurídica, a la empresa Corpesca S.A., por no contar con los mecanismos y protocolos necesarios para impedir los sobornos, presuntamente cometidos por el ex gerente Francisco Mujica con el desaforado senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, entre 2010 y 2013.

La formalización de cargos se concretó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago con la presencia del representante legal de la compañía, Arturo Natho Gamboa.

La imputación de cargos la realizaron los fiscales Ximena Chong y Julio Contardo. Este último explicó los alcances de esta sanción, en el caso de que la empresa sea declarada culpable, en un eventual juicio oral. "Las sanciones establecidas en la ley van desde una multa hasta la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado", dijo.

A través de una declaración pública, en Corpesca afirmaron que "la empresa reitera que ha aportado al Ministerio Público los antecedentes que demuestran que sí contaba con dichas medidas y, por ende, daba cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada ley".