Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Iquique de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una mujer identificada con las iniciales E.N.F, de 48 años, quien tenía en su poder 803 libros falsificados en una feria libre de la comuna de Alto Hospicio.

Según precisaron desde la unidad policial, atraparon a la imputada de forma flagrante y detallaron que dentro de los títulos que comercializaba habían best sellers de novelas y textos de lectura escolar.

Conforme las instrucciones del fiscal de turno, la mujer quedó apercibida del artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando a la espera de la citación por parte del Ministerio Público.

Al respecto el jefe (s) de la Bridec Iquique, Ramón Ortega, manifestó que "se logró sacar de circulación una importante cantidad de libros falsificados. Aquí no sólo se produce un daño a los autores y las respectivas editoriales, sino que también existe una evasión tributaria ya que estos libros generalmente son ingresados en forma ilegal a nuestro país".

Pamela Vallejos Riquelme

Veinte millones de pesos deberá pagar el colegio Ñusta Kori de Iquique a un menor y sus padres tras una demanda de indemnización por perjuicios, tras las reiteradas agresiones escolares de las que fue víctima su hijo.

Alexis Hermosilla, padre del menor agredido, precisó que "esta situación la veíamos lejana como familia, pero nos tocó. Fue un momento difícil que significó nuestra separación. Estamos contentos con el fallo ya que ratifica que teníamos razón y que nuestro hijo estaba mal a causa del bullying. Esto marca un precedente para otros menores que son víctima de agresión escolar", dijo.

Bullying

Los hechos que motivaron esta demanda, patrocinada por del "Estudio Jurídico Oporto y asociado", se remontan a cuando el menor cursaba séptimo básico, el año 2012.

En la oportunidad los padres del menor, advierten un cambio drástico en el comportamiento normal de su hijo, quien bajó su rendimiento escolar y comenzó a presentar náuseas y vómitos en camino al colegio, inseguridad y nervios, dolor de cabeza, desánimo e incluso manifestando las ganas de no querer vivir.

Tras todo esto debió ser sometido a un tratamiento psicológico por un Cuadro Angustioso Depresivo Reactivo, situación que motivó a los padres a investigar cuál era la causa de esto, seguros que la causal se radicaba a la convivencia escolar.

Tras preguntar a compañeros, profesores, inspectores, entre otras personas, los padres del menor se enteran que su hijo de 12 años era víctima de agresiones verbales y físicas.

Según se estipula en la demanda, esta agresiones se repitieron por varios meses, "con el uso de sobrenombres y las físicas desplegadas por medio de empujones, pellizcos, roces y golpes, tanto en la sala de clases como en los recreos y en baños del colegio que tenían por objeto humillar, maltratar, causar miedo y angustia al menor", explicó la abogada Patricia Oporto.

El resultado de esta investigación fue dado a conocer al colegio, el cuál derivo al menor al sicólogo y psicopedagogía del establecimiento, quienes además citaron a las dos compañeras aludidas como agresoras (alumnas del mismo curso) para hablar del tema. Finalmente el colegio resolvió, según cuenta la demanda, que el asunto debía ser resuelto entre ellos y no involucrar a sus apoderados.

La situación fue informada por los padres en la Seremi de Educación, con lo cual recién comienza a funcionar una normativa de convivencia en el colegio, según se indica en el escrito.

proceso

Las acciones judiciales comienzan el 2012 al presentarse una causa de protección interpuesta ante los Tribunales de Familia de Iquique. Posteriormente , el 2013 se demandó ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique, por indemnización de perjuicios en sede extra contractual, al colegio Ñusta Kori.

El tribunal, luego de diversas diligencias y pruebas aportadas por la defensa del menor, falla el 2015 en contra del colegio, determinando que el estudiante sufrió violencia escolar.

Según explica la abogada patrocinante "esto no sólo le causó un profundo daño, sino que también alteró la normal convivencia dentro del colegio, ya que los niños tienen derecho a estudiar y desarrollarse en un ambiente escolar de tranquilidad y respeto y los colegios y autoridades encargadas del proceso educacional, conforme a la Ley N° 20.536, tienen la obligación de proteger a los niños de cualquier situación de violencia escolar", dijo agregando que por su responsabilidad el colegio deberá al padre con $75.786 , por gastos médicos y $20 millones al alumno, víctima del bullying y a sus padres.

El colegio demandado, no conforme a lo resuelto, interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia, sin embargo el tribunal de segunda instancia, lo desestimó con lo que se ratificó el fallo a favor del alumno. Posteriormente el colegio llegó a la Corte Suprema, con recurso de casación que fue rechazado por manifiesta falta de fundamento.

pamela.vallejos@estrellaiquique.cl