Uno de los objetivos centrales del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet en materia social ha sido combatir, simultáneamente, la pobreza y la desigualdad. De hecho, las reformas tributaria, educacional y laboral se orientan a remover importantes barreras que reproducen esta última. ¿Por qué constituye un desafío estratégico reducir la desigualdad? Además de su fundamento ético, las razones son de diverso orden.

Desde el punto de vista económico, existe bastante evidencia científica respecto a que las sociedades con mayores niveles de desigualdad ven limitado su crecimiento, pues no son capaces de aprovechar todo el potencial de las personas. Esto se produce porque no invierten lo suficiente o invierten muy inequitativamente en el capital humano de su población; y, también, porque registran mayores niveles de conflictividad social, lo que desincentiva la inversión.

Pero hay otro aspecto económico fundamental en este debate. Según el Informe sobre la Situación Social Mundial elaborado por Naciones Unidas en 2013, existen evidencias de que el crecimiento es menos efectivo para lograr una reducción sostenible de la pobreza en países con altos niveles de desigualdad y la velocidad de reducción tiende a ser mayor en países más igualitarios. Desde el punto de vista social, las sociedades altamente desiguales -como la chilena- no ofrecen una igualdad de oportunidades real para importantes segmentos de la población y, en consecuencia, restringen la movilidad social y afectan la cohesión e inclusión social. De manera complementaria, una acuciosa investigación comparativa de Richard Wilkinson y Kate Pickett demostró que las sociedades más desiguales se ven más afectadas por diferentes problemas sociales y de salud, entre ellos: mayor criminalidad, mayores tasas de patologías mentales y de embarazo adolescente, y menor confianza interpersonal.

Finalmente, cabe destacar que la desigualdad no sólo se expresa en los ingresos, sino también puede afectar especialmente a algunos grupos de la población, como los pueblos indígenas o las mujeres. Y -cómo no enfatizarlo- puede tener una expresión territorial. En ese sentido, el desarrollo equitativo de las regiones constituye una dimensión clave de esta discusión.

Desde el punto de vista social, las sociedades altamente desiguales -como la chilena- no ofrecen una igualdad de oportunidades real.

Marcos Barraza G, Ministro de Desarrollo Social.