Carlos Luz Aguilera

"Entiendo que el plan del colegio es cambiar de particular subvencionado a particular pagado", dice la directora del Corona School, de Iquique, Elda Corona. Una decisión que los sostenedores del establecimiento aún están evaluando. En lo que no hay duda, es en el motivo de la probable transformación: la nueva Ley de Inclusión Escolar.

Esta norma impone que los establecimientos particulares subvencionados deben optar entre pasar a ser gratuito, constituyéndose como una fundación o corporación sin fines de lucro antes del 31 de diciembre del próximo año, o transformarse en un particular pagado. Lo que se determine debe ser informado a los apoderados a más tardar el 31 de marzo de 2017.

Los padres del Corona School, según la directora, ya tienen conocimiento de la opción de los sostenedores de convertir el colegio, que acoge a diario a más de 700 estudiantes, en uno que sea pagado totalmente por los apoderados. El Estado no le pasaría más dinero.

Incluso, el colegio ya renunció a dos aportes estatales, a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y al Programa de Inclusión Escolar (PIE). "Esto es una señal", dice el seremi de Educación, Francisco Prieto, sobre que el Corona School se inclinaría por un sistema privado.

¿La razón de optar por un régimen pagado? "La nueva Ley no nos garantiza nada", fue la ambigua respuesta de la directora que no explica la postura del colegio.

Según ella, no entregó más detalles por corresponderle a los sostenedores informar de la situación en que se encuentra el establecimiento.

El norte unido

Para entender lo que puede motivar al Corona School a convertirse en un particular pagado, es necesario conocer las razones de otros planteles que también se encuentran en la etapa anterior -de estudios, de asesorarse con abogados, por ejemplo- a tomar una decisión.

En noviembre se formó la Copanor (Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados del Norte), una agrupación que intenta modificar un aspecto de esta Ley que afectaría a establecimientos de Arica, Iquique, Alto Hospicio, Tocopilla, Antofagasta, Calama y Copiapó. 16 colegios de la región están participando. 7 son de la capital regional.

La preocupación de los sostenedores de estos colegios tiene relación, en parte, con los valores de los terrenos y las propiedades de la zona norte, que son más altos que los precios de otras regiones. Situación que los incomoda ya que la norma los obliga a comprar el inmueble que ocupa un colegio.

El sostenedor que opte por la gratuidad tiene un plazo de tres años, desde que se constituyó como una persona jurídica sin fines de lucro, para comprar el inmueble o asegurar que el dueño del terreno se lo preste por medio de un comodato.

En el caso de los establecimientos que cuentan con menos de 400 estudiantes, la fecha se extiende a seis años, informa el Mineduc.

"Las normas que fija esta Ley en términos inmobiliarios son complejas de abordar para los colegios del norte, porque la realidad de esta zona es muy distinta a la que se da en el centro y sur del país, por el valor del suelo, de los arriendos y de los inmuebles", dice Jorge Lawrence, líder de la Copanor.

Lawrence agrega lo siguiente: "Es por esto que cuando se establece una norma con un criterio centralista, que debe ponerse en marcha en una región extrema como Tarapacá, se generan distorsiones que hacen que las condiciones de la ley sean imposibles de cumplir, provocando que los establecimientos salgan del sistema".

Lo que dice Lawrence tiene sentido para los sostenedores del Liceo Aníbal Pinto, de Iquique, que tienen como primera opción cambiarse al régimen pagado, según cuenta su director, y concejal de la comuna, Juan Lima Montero. Su última opción sería cerrar.

"En marzo informaremos nuestra decisión. Después en 2018 se sabrá el camino que escogimos, que posiblemente sea el de particular pagado. Para nosotros es la opción que tiene más peso", dice el director de cerca de 800 alumnos.

Otra razón para dar este paso, según Lima Montero, es el rechazo a la idea de que ingrese cualquier estudiante al Aníbal Pinto que no esté comprometido con el proyecto educacional. "Generalmente cuando los alumnos estudian gratis hay poca preocupación de los apoderados. Nos haría retroceder".

De todas formas siguen analizando todas las posibilidades. "Como es una ley, uno después no puede arrepentirse. Por eso seguiremos dándole vuelta", dice el concejal. Agrega que mantiene una red de contacto con otros colegios que tampoco han tomado una decisión, como son el Rupanic School, el Macaya, el Nirvana, Los Cóndores -todos de Alto Hospicio-, y el Ñusta Kori, de Iquique.

El miedo a cerrar

En noviembre de 2015 la directora de la escuela de lenguaje Manuel Antonio Matta, de Iquique, Claudia Urbina, avisó a los apoderados que el establecimiento para niños con un trastorno específico de lenguaje iba a cerrar. Lo inesperado ocurrió ese mes. El Mineduc informa que desconoce el motivo de su fin.

Lo que sí está claro es que dejó de funcionar cuatro meses antes de que entrara en vigencia la Ley de Inclusión Escolar, en marzo de este año. Una norma que comenzó a aplicarse de manera gradual: algunos colegios de forma voluntaria se transformaron a una de las dos opciones.

Por ejemplo, en 2015 15 establecimientos, 9 de Iquique y 6 de Alto Hospicio, tomaron la decisión de pasar a ser gratuitos, funcionando con este nuevo estado desde marzo de este año. Reciben un 20% más de SEP.

Ahora se sumaron 4 colegios que de 2017 dejarán de cobrar mensualidad y matrícula.

Los 19, que incluye colegios y jardines infantiles, suman un total estimativo de 10.294 estudiantes. "Para dar con la cantidad de alumnos que estudiarán gratis en 2017 por esta Ley, hay que sumar los cerca de 20 mil que estudian en colegios municipales y a los niños de escuelas de lenguaje y especiales. Son entonces como 30 mil", dice el seremi de Educación.

Sin embargo, en 2015 ninguna escuela de lenguaje particular subvencionado tomó la decisión de cambiarse a gratuito. Tampoco en 2016. Según registros del Mineduc, son 15 de Hospicio y 17 de Iquique.

En general, sus sostenedores tenían miedo a que sus centros se cerraran. "Hubo temor a quedar sin trabajo y que nuestros niños se fueran a otras escuelas", confiesa Honores Mujica, sostenedora del centro de educación Rayito de Solaz y encargada de la red de las escuelas de lenguaje de Alto Hospicio.

"Pensaban que se acabarían las escuelas porque ahora todos los colegios deben tener un proyecto educativo de inclusión. Por lo tanto, un niño iría a cualquier colegio. Pero se les informó que iban a seguir funcionando", dice Margarita Meyer Baeza, encargada de la Red de Mejoramiento Educativo del Mineduc.

Y como son escuelas con menos de 400 niños, tienen hasta seis años para comprar el inmueble. Sin embargo, otra preocupación surge: que el dueño del terreno acepte venderlo. "Por un lado te desalientas, porque no depende de uno. El propietario decide y él tiene que velar por sus intereses", dice Honores Mujica.

Informa además que la mayoría de los sostenedores de Hospicio arriendan y el 100% pasaría a ser gratuitos.

Otros, en cambio, como la Academia Tarapacá y el colegio Hispano Británico, dos establecimientos reconocidos de Iquique, se estarían inclinando por la otra posibilidad. Y por lo mismo se han comunicado con sus apoderados para conocer qué opinan del cambio.

A pesar de que aún no oficializan su futuro, ha recorrido la información entre apoderados de ambos colegios que pasarían a particular pagado. De ser así, lo más probable es que el valor de la mensualidad aumente. El costo, eso sí, dependerá de cada uno.