EDITORIAL
Contratos interrumpidos
Esta semana hemos conocido de dos fallos en contra la Municipalidad de Iquique donde la casa consistorial estaría obligada a desembolsar más de 1.700 millones en indemnizaciones, en caso de que la Corte Suprema confirme ambas resoluciones.
El primer caso, por mil 110 millones de pesos, se relaciona con que la casa edilicia puso término a un contrato aludiendo el incumplimiento por parte de la empresa que prestaba servicio de jardinería, mientras que el otro tiene que ver con el daño emergente por el incumplimiento del contrato con la concesionaria de estacionamientos de Plaza Condell y el centro de Iquique. En este último el municipio debería cancelar $628 millones.
Si bien son procesos judiciales que aún tienen una última instancia en la Corte Suprema, es necesario detenerse en el porqué se llega a estas circunstancias.
En estos casos en particular se trata de contratos firmados durante la administración municipal anterior a la del exalcalde Jorge Soria, donde se intentó dejarlos sin efecto, pero que, sin embargo, las estrategias jurídicas quizás no fueron las más adecuadas.
Si bien las razones pudieron ser las legítimas en su minuto, es necesario apuntar a un tipo de gestión que no busque borrar todo lo que se ejecutó por parte de una administración perteneciente a un bando político contrario. Es importante fiscalizar, no obstante, es igual de necesario aportar a una mejor ciudad por sobre las rivalidades políticas o la forma distinta de hacer gestión.
En caso de que se fallara en contra de la municipalidad se daría un caso grave de pérdida de recursos, ya que pudo ser evitable.
No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos, ya que sin ir tan atrás, en 2012 se vendió un terreno en el cerro Esmeralda con el fin de pagar una deuda por un antiguo litigio donde ni siquiera hubo defensa del municipio y donde mil millones fueron para a costear una indemnización.
Es de esperar que con la nueva administración de la Municipalidad de Iquique, estos casos comiencen no solo a resolverse, sino a erradicarse, ya que es el patrimonio de todos los contribuyentes el que se maneja de una forma poco adecuada.
"En 2012 se vendió un terreno en el cerro Esmeralda con el fin de pagar una deuda por un antiguo litigio".