Por mucha expectación que genere en la ciudadanía, no cabe duda que por tratarse de un asunto judicial, en etapa investigativa -RUC 1600584175-9-, "reservada" será la respuesta, en el plazo de 15 días, que el presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, previo informe del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, dé al oficio CGP 005-2017, fechado el 9 de enero en curso, que le enviaran los fiscales metropolitanos oriente -Ñuñoa-, Manuel Guerra y Carlos Gajardo, requiriendo información sobre los contratos por asesorías que han sido contratadas por dicha Corporación entre 2011 y 2015, respecto de los 120 diputados.
Difícilmente se alegará el derecho a la privacidad de los contratados -personas jurídicas o naturales- para denegar lo solicitado, como se ha dado en otros casos, aduciendo además que es necesaria la autorización expresa del profesional para ello, no obstante tratarse de "servicios profesionales" "pagados por el Congreso", con dineros de todos los chilenos, y no de un asunto entre privados, en estos casos, entre congresistas y prestadores, "pagados con la dieta".
Sin perjuicio de los dineros involucrados en otras asignaciones "para mejor legislar", ésta en particular se ha prestado para pagar cursos de inglés o traducciones, y en algunos casos, para pagar abogados en causas de índole estrictamente personal del congresista. ¿Podría un informe de asesoría ser utilizado por más de un parlamentario para debitarlo también como gasto suyo en el correspondiente ítem?
Finalmente, no deja de llamar la atención que el Consejo Resolutivo haga "vista gorda" sobre la "inconstitucionalidad" cometida por el Senado, al pagarle éste a los ex-Presidentes, amén de la "dieta-jubilación vitalicia", las asignaciones de "mantenimiento de oficinas" y de "traslación", a su mero arbitrio.
Jorge Saavedra Moena
