A pesar que la alerta por precipitaciones en El Tamarugal cambió de amarilla a temprana preventiva, el monitoreo por parte de la gobernación provincial continúa en el territorio.

Si bien la intensidad de las precipitaciones ha ido en disminución, la crecida en los caudales generó algunos cortes de caminos en localidades como Huatacondo (Pozo Almonte) donde se coordinó la disposición de un helicóptero de la Fuerza Aérea para trasladar hasta Iquique a una persona con diabetes que requería de asistencia médica.

Asimismo, la gobernación y la Onemi gestionaron la entrega de 100 botellas de agua a localidades de la quebrada de Tarapacá, en la comuna de Huara, que resultaron afectadas con el suministro vital.

"Hay tramos que están llenos de lodo, y 20 kilómetros antes de llegar a Huatacondo tenemos un corte, hubo un socavón que generó la bajada de agua y es imposible de pasar con los vehículos", informó el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy.

En tanto, en algunas localidades de la comuna de Camiña también se afectó la dotación de agua, ante lo cual el municipio activó los protocolos y se hizo cargo de repartir el insumo básico.

Se informó que Carabineros y funcionarios de la dirección regional de Vialidad continúan dispuestos en distintos puntos del territorio provincial, atentos a la bajada del agua y al despeje de las rutas afectadas por las lluvias estivales.

100 botellas de agua se llevaron a pobladores de localidades de la quebrada de Tarapacá.

Evelin Aguilar Paniagua

El Servicio de Salud de Iquique (SSI) fue condenado a pagar una indemnización por 120 millones de pesos a los familiares de la niña Náyade Donaire Olivares quien, en junio de 2010, falleció en el hospital regional como consecuencia -según señala el fallo- de un inadecuado tratamiento a la gastroenteritis que padecía.

Según estableció el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, dicha indemnización de perjuicios por falta de servicios se deberá otorgar a los padres y hermana de la menor quien, con apenas siete años, murió por un shock hipóxico metabólico fulminante.

En el fallo se indica que el personal médico del hospital no realizó un correcto tratamiento de la enfermedad diagnosticada a la niña, lo que implicó que existió "un deficiente y negligente funcionamiento de los facultativos del Servicio de Salud que entregó un mal servicio a la paciente". Y es que -de acuerdo a la sentencia- se erró al dar de alta a la menor, teniendo conocimiento del cuadro clínico que desarrolló días antes, sin presentar mejoría.

Durante el proceso, como, consta en la resolución, el SSI argumentó en su defensa que la enfermedad de la niña "tuvo un brusco inicio y un curso fulminante inesperado imprevisible" y que se trataba de un caso excepcional.

Sin embargo pese a los sustentos dados por la institución y por los profesionales que trataron a la niña en las ocasiones que estuvo en urgencias del hospital, el juzgado determinó que "la muerte de la menor se debió a la conducta descuidada y negligente con infracción de lex artis en la atención y manejo del Servicio de Salud, del problema de salud que la aquejaba".

Apelación

Pese a esta sentencia del 22 de diciembre de 2016, el pasado 9 de enero el Consejo de Defensa del Estado, en representación del SSI, presentó un recurso de casación ante la Corte de Apelaciones de Iquique el cual fue acogido a trámite.

Desde comunicaciones de dicho servicio manifestaron que "como institución respetan siempre los dictámenes de la justicia, sin perjuicio de agotar todas las instancias judiciales que estimen pertinentes".

Al respecto Claudio Pizarro, uno de los abogados de la familia Donaire Olivares, precisó que están a la espera de que el tribunal se pronuncie en torno al contenido del recurso. "Ya se agotó un juicio completo que terminó con esta sentencia (...) ese recurso tiene que tener muy buenos argumentos para echarla abajo ", aseguró.

7 años tenía la menor cuando falleció en el hospital Ernesto Torres Galdames.

6 años y medio después de la muerte de la niña se condenó al Servicio de Salud de Iquique.