Carlos Luz Aguilera

Falta claridad de los estados financieros del sistema de Agua Potable Rural (APR) de Chanavayita desde el año 2014. Es lo que reclama el presidente de la junta de vecinos, Marcos González. Es más, él y otros dirigentes de la caleta acusan a una ex trabajadora de esta entidad de robar más de 4 millones de pesos destinados a gastos para su funcionamiento y dicen tener pruebas al respecto.

Por estas irregularidades, el presidente de la actual directiva del sistema del APR, Rodrigo Carrasco, explica que era necesario realizar una auditoría para aclarar y confirmar las irregularidades de la gestión financiera de los primeros periodos. Él, Marcos González y la comunidad esperan, por lo mismo, que la investigación termine lo antes posible.

"La gente está preocupada por esta situación, y nosotros sabemos que hubo un despilfarro de dinero, hasta robos. Y por eso nosotros enviamos un oficio a la Dirección de Obras Hidráulicas informándole de esto. Sabemos que una señora robó, alguien que estuvo a cargo de recaudar el dinero de los pagos por el uso del agua potable", dice el presidente de la junta vecinal.

Pero como aún no termina la diligencia, se negó a entregar el nombre de la aludida para respetar el proceso legal.

En tanto, el jueves en la noche se reunió la comunidad en su sede para hablar de esta situación. Se llegó a un acuerdo de que la auditoría se ha demorado mucho y les urge conocer sus resultados.

Al ser consultada la seremi de Obras Públicas, responde que están informados de la contratación de una auditoria externa por supuestas deficiencias de directivas del APR. Sin embargo, desconocen la etapa en que se encuentra, y piden a la comunidad que se acerque cuando llegue a su fin la investigación.

2013 puntualmente en noviembre de ese año, el MOP daba inicio una marcha blanca del APR.

150 metros cúbicos es lo que consumen a diario los pobladores, dice Marcos González.

Como lamentable calificaron la noticia, los expresos políticos de Pisagua, luego que la Corte Suprema determinara trasladar las causas a la justicia de La Serena, lo que, a juicio de los involucrados, retrasará los avances que hasta ahora llevaba la ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique Mónica Olivares.

"Ella comenzó a condenar a la gente. Nunca se habían tratado el caso de tortura entre los prisioneros políticos de Pisagua y ella dio en el clavo. Fue una bofetada en el rostro lo que la Corte Suprema nos dio, una puñalada por la espalda, trasladar nuestra causa a La Serena", expresó Freddy Alonso, coordinador de los expresos políticos, agrupación que reúne a más de 54 víctimas de tortura.

El abogado defensor en el caso Matías Ramírez, explicó que la decisión se tomó a nivel nacional luego que en Valdivia se criticara el lento avance de las investigaciones. Así se determinó "zonificar" los casos, llevando las causas del norte a La Serena, las del sur a Valdivia, las australes en Puerto Montt, y Santiago con las metropolitanas.

"En Iquique la realidad es opuesta, porque la investigación iniciada en 2012 está muy avanzada e inclusive hay agentes del Estado ya sometidos a proceso. Haremos las presentaciones correspondientes al pleno para excluir las causas de Pisagua de esta determinación", expresó.

Consultados sobre la posibilidad de enmendar la decisión, desde el Poder Judicial se limitaron a reiterar la postura del máximo tribunal del país.