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Fiscalía cierra investigación del caso Penta y alista acusaciones

Entre quienes podrían ser llamados a juicio en los próximos días figuran Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner.
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Valeria Barahona

Por medio de un correo electrónico a todos los participantes del caso, además del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde está radicada la causa; la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente cerró ayer el período de investigación del caso Penta. Con eso ya se prepara para presentar las acusaciones contra todos los imputados, quienes, eventualmente, serán llevados a juicio oral.

A contar de ayer a las 14 horas, el Ministerio Público cuenta con un plazo de diez días para presentar los hechos al tribunal, sumados a los delitos por los cuales pretende enjuiciar a los presuntos responsables de infracciones tributarias relacionadas con el financiamiento ilegal de actividades políticas.

Imputados

Entre quienes podrían ser llevados a juicio figuran los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Durante los dos años de pesquisas, la fiscalía logró reunir 80 tomos con antecedentes del caso y formalizó a 34 imputados.

El órgano estatal también formuló cargos contra cuatro personas jurídicas -Penta, Penta III, Asesorías Challico e Inversiones Santa Sarella -, además de obtener dos condenas: contra el exsenador Jovino Novoa, y contra el exfuncionario del SII, Iván Álvarez, quien fue uno de los personajes clave para aclarar el modus operandi para defraudar al fisco, según afirmaron los persecutores.

En ambos casos, los imputados llegaron a un procedimiento abreviado, lo que les significó la aceptación de los hechos imputados a cambio de una rebaja en la pena.

Durante los dos años de pesquisas, se logró restituir al fisco más $8.000 millones que habían sido evadidos en impuestos por los responsables.

Ahora la Fiscalía continuará indagando otras aristas surgidas desde la investigación inicial del caso Penta, en una nueva causa.

Campaña de bachelet

Con la división del proceso en aristas, los investigadores pueden seguir las indagatorias por eventuales aportes a campañas del excandidato Laurence Golborne y Michelle Bachelet.

La declaración de Tomás Carrasco Burgos -dueño de las empresas Siglo y VSA Ltda. y amigo de Golborne - fue clave para abrir una nueva línea investigativa.

Según la Fiscalía, el empresario facilitó facturas falsas a Penta y otras firmas, tales como Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburgua, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, BCI, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado.

Estas facturas suman $160 millones, a las que se deben agregar los $120 millones de Penta, que Golborne reconoció, según El Mercurio.

En el caso de ECCSA S.A., grupo controlador de Ripley Corp., se rectificaron pagos por $50 millones a Asesorías Credo Limitada, empresa proveedora de servicios de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.

Breve

Ministerio Público pide informe legislativo de Van Rysselberghe

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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Centro Norte, solicitó al Parlamento los datos de la actividad legislativa de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, como parte de la investigación por sus vínculos con la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), arista derivada del caso Corpesca.

La lista de aportes reservados legales, entregada por el Servel, reveló que seis empresas pesqueras financiaron a 35 políticos entre los años 2009 y 2013.

En el documento, la timonel de la UDI figura con $17 millones de parte de Camanchaca S.A, Itata y Landes S.A.

La solicitud de información del Ministerio Público cubre la actividad de la senadora respecto a las leyes de pesca tramitadas después de la aprobación de la Ley de Pesca.