Jonás Romero Sánchez

El Gobierno anunció que le otorgará suma urgencia al proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas de transporte, conocida como "Ley Uber".

Así lo aseguró ayer la nueva ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, tras reunirse con dirigentes de los gremios de taxistas del país, durante su segundo día al mando de la cartera.

"Hemos conversado con los parlamentarios de la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y les puedo informar que vamos a dar la suma urgencia al proyecto de ley durante esta semana", dijo al salir de la reunión.

La medida implica que la iniciativa deberá ser despachada desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, donde ingresó el 25 de octubre del 2016, en un plazo no mayor a 15 días.

"Sorpresa" del gremio

Tras la cita, el presidente de la Confederación Nacional de Taxistas (Confenatach), Luis Reyes, se mostró "sorprendido".

"Pensábamos que la renuncia del ministro Gómez-Lobo iba a significar que íbamos a empezar de cero y que se iba a ir todo al tacho de la basura (...), pero nos encontramos con la gran sorpresa de que la actual ministra nos recibió inmediatamente (...). Es una señal de cercanía con el gremio", afirmó.

Las plataformas

Actualmente, la aplicación de transportes Uber opera en siete regiones del país y, según sus estimaciones, cuenta con cerca de 49 mil choferes "permanentes". Por otra parte, Cabify funciona en el Gran Concepción, Santiago y en la Región de Valparaíso.

Agustín Guilisasti, gerente general de Cabify Chile, indicó a La Estrella que la asignación de suma urgencia al proyecto le parece "positiva", pero que, a su juicio, "se deben mejorar varios puntos del documento actual".

Carlos Schaaf, gerente general de Uber en Chile, señaló a Emol que no descartan reunirse pronto con la nueva ministra.

25 de octubre de 2016 fue ingresado el proyecto. El 3 de enero de 2017, le asignaron urgencia simple.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, afirmó ayer que, desde el punto de vista administrativo, la eventual responsabilidad de los funcionarios de Carabineros involucrados en el fraude cometido con dineros de la institución, que bordearía los $8.000 millones, estaría prescrita.

"Normalmente", dijo Bermúdez, "la responsabilidad administrativa de un funcionario prescribe en cuatro años (...), pero en el caso de Carabineros, prescribe en seis meses".

Actualmente, las posibles responsabilidades penales están siendo investigadas por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Mientras, ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se declaró incompetente en la causa y remitió el caso al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

"Necesito que vengan ahora (...) la señora está sangrando, apúrense". Así comienza la llamada con la que el menor de 17 años, identificado con las iniciales C.Q, denunció a Carabineros la agresión sufrida por Nabila Rifo la madrugada del 14 de mayo de 2016, en Coyhaique.

El audio fue dado a conocer ayer por Pablo Orellana, cabo de Carabineros quien declaró en el tercer día del juicio oral en contra de Mauricio Ortega, ex pareja de Rifo y único acusado del ataque.

Orellana reveló además parte de la declaración del menor que realizó la denuncia, donde se describía al agresor como "alguien de contextura delgada, de 1,70 a 1,75 de estatura". Para hoy se espera que médicos de la Posta Central de Santiago, recinto hasta donde llegó Nabila tras la agresión, declaren por video conferencia.

Luego de casi siete meses de ausencia, hoy está previsto que aterrice en Santiago el vuelo que trae al ingeniero comercial Rafael Garay, quien es requerido por la Justicia debido a 37 presuntas estafas cometidas en Chile, por un monto cercano a los $1.800 millones.

Garay, quien viajó con vigilancia policial desde Rumania y luego hizo escala en Francia, fue formalizado en ausencia en noviembre, por lo cual tendrá que ser notificado en la Corte de Apelaciones de Santiago. Luego, será escoltado por gendarmes hasta el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, lugar donde el fiscal José Morales realizará su formalización. En la audiencia se determinará si cumplirá con prisión preventiva, que cumpliría en el anexo Capitán Yáber.