Tribunal confirma que detención de nueve bolivianos fue en suelo chileno
Jueza de Pozo Almonte ordenó la prisión preventiva de los extranjeros .
L a jueza Isabel Peña Cifuentes del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, determinó que los nueve ciudadanos bolivianos detenidos por carabineros de Colchane, dos militares, seis aduaneros y uno contratado para combatir el contrabando en la frontera, ingresaron al territorio chileno el domingo pasado por el sector de Tulapampa y que sí existen antecedentes válidos para comprobar la existencia de los tres delitos imputados a los altiplánicos.
"Ninguno de esos documentos expuestos por la defensa (sobre el servicio que los formalizados habrían estado realizando en la frontera), elimina lo entregado por el Ministerio Público, que cuenta con una serie de antecedentes, entre esos las declaraciones de las víctimas, fotografías y un mapa que explica claramente dónde ocurrió todo esto. Pero, además, ellos fueron detenidos en territorio chileno. Si hubiese sido como dice el defensor, ellos habrían arrestado a chilenos en territorio boliviano y eso no es lo que ocurrió", dijo Peña Cifuentes.
Es por esto que la jueza desestimó los documentos presentados por el abogado defensor Claudio Vila que acreditarían la labor que estaban efectuando los imputados en contra del contrabando en la frontera boliviana, ya que, al confirmar la magistrada que el conflicto ocurrió en territorio chileno, cualquier comisión de servicio realizada por los altiplánicos pierde validez, explicó Peña Cifuentes.
"En el momento que ingresan al país, lo que estaban haciendo carece de valor, independiente del trabajo que fueron contratados en su territorio", aseguró.
Prisión preventiva
El fiscal Hardy Torres, querellante y representante del Ministerio Público, solicitó que los imputados quedaran en prisión preventiva por los 120 días que durará la investigación que aclarará la culpabilidad de los extranjeros en los delitos imputados: robo con intimidación, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando. Acusa que "son un peligro para la sociedad".
El defensor Claudio Vila, en cambio, pidió a la magistrada que en el caso de aplicarse una medida cautelar, aceptara el arresto domiciliario total de los nueve en el consulado boliviano.
La jueza, por su parte, explicó lo siguiente para argumentar su decisión entre las dos opciones solicitadas: "Ninguna de las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal son suficientes, porque requieren que las personas vivan en Chile, y tampoco existe la posibilidad de que queden domiciliados en el consulado, porque el cónsul se haría cargo del cumplimiento, y en este país quien se responsabiliza de las medidas cautelares no pueden ser los ciudadanos extranjeros, sino que las instituciones policiales".
Para terminar y aclarar su determinación, la magistrado dijo que "este tribunal considera que la libertad (de los detenidos) constituyen un peligro para la sociedad. Por lo tanto, se concede la prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio".
La defensa no quedó satisfecha con la decisión y recurrirá a la Corte de Apelaciones para que se revise la medida cautelar y se considere otra. "No compartimos el análisis que hace la jueza, motivo por el cual apelaremos la decisión de someterlos a prisión por el tiempo que durará la investigación", respondió Vila luego de terminar la audiencia de formalización.
Las penas de cárcel que arriesgan
El fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, explicó que los detenidos arriesgan hasta 15 años de cárcel por el delito de robo con intimidación, 10 años por porte y tenencia de armas prohibidas y 541 días por contrabando. "En la medida que se confirmen los antecedentes que tenemos, los vamos a acusar y pedir las penas que la Ley dispone".