Mijaíla Brkovic Leighton

Como cada 22 de marzo, ayer se celebró el Día Mundial del Agua, fecha designada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como forma de llamar la atención sobre la importancia de este elemento para la humanidad. En nuestra región- una de las más áridas del mundo- la fecha cobra vital relevancia, sobre todo considerando las protestas que se registran desde el año pasado, las cuales buscan, entre otras medidas, impedir la creación de la Comunidad de Aguas Subterráneas en el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común Pampa del Tamarugal.

Dicha comunidad vendría a institucionalizar -mediante la orden de la Dirección General de Aguas (DGA)- al grupo de actuales usuarios con derechos a este recurso en la zona previamente mencionada, entre los que se encuentran la empresa sanitaria Aguas del Altiplano (con un 58% de titularidad), las mineras (30%) y los agricultores (12%).

Ante estos porcentajes, los agricultores se manifiestan en contra, ya que opinan que la forma de designar las porciones no fue la adecuada.

"Nosotros nos consideramos pasados a llevar por parte del Estado de Chile, el cual nos vulnera el derecho a la igualdad al acceso del agua", dijo Richards Challapa, coordinador del área técnica de la comunidad Jiwasa Uma, que agrupa a los agricultores indígenas.

Por lo mismo, "se pide que no se concrete esta Comunidad de Agua porque los pueblos originarios, por derecho ancestral reconocido por la Ley Internacional y el Convenio OIT 169, son dueños del territorio y de los recursos naturales que ahí están", manifestó Claudio Vila, abogado de Jiwasa Uma y exgobernador del Tamarugal.

En este contexto, Jiwasa Uma, además de realizar manifestaciones, presentó, en febrero de 2017, un recurso de protección ante la Corte con la finalidad de detener el avance de la situación.

Código de agua

Para Richards Challapa, el Código de Agua -creado en 1982 bajo dictadura militar- es el máximo responsable de la desigualdad en la repartición, ya que es esa la norma que estableció la forma de repartición y la obligatoriedad de una Comunidad de Aguas, una vez que cierta zona se determina en restricción, como sucedió con el acuífero de la Pampa del Tamarugal en 1999.

"Nosotros no tenemos la posibilidad de discernir ni de interpretar, solo aplicar la ley", dijo Eugenio Hidalgo, secretario regional del Ministerio de Obras Públicas, organismo del cual depende la DGA. Sin embargo, aseguró que el Gobierno "está haciendo avances importantes en la modificación de esa norma (...) Y lo que podemos hacer es incluirlos a todos", dijo, asegurando que ya tienen fijadas reuniones con todos los actores para una resolución más inclusiva.

1982 fue el año, en que dictó el actual Código de Agua, que es criticado por las comunidades.

Su molestia expusieron los vecinos que son parte de la junta vecinal Plaza Arica, debido a los constantes malos olores que comienzan a percibir durante la madrugada.

Según indicó su presidente, Víctor Ramos, ellos son los más afectados por este problema que afecta gravemente su calidad de vida.

"Hablamos de que somos una ciudad turística, pero con esto lo encuentro difícil. Yo trabajo como cargador en Zofri y olor se mete en los contenedores y es insoportable", aseveró el dirigente vecinal, quien refirió que existía indolencia por parte de las autoridades regionales dado que el tema se extiende hace más de un mes.

Asimismo refirió que hoy se reunirá con las juntas vecinales del centro de la ciudad para abordar el tema y evaluar qué medidas se pueden adoptar para enfrentar esta problemática.

Consultada la Secretaría Regional Ministerial de Salud informaron que el lunes se instruyó un nuevo sumario sanitario.

En lo que va del año ya son cuatro los sumarios sanitarios iniciados a empresas pesqueras por falta de hermeticidad en los procesos, tras detectar olor a descomposición en materia orgánica en los procesos de una de las plantas.

Con esto se mantiene casi una veintena de procesos investigativos pendientes a las empresas pesqueras debido al mal olor emanado por sus industrias desde 2013 a la fecha, de los cuales, un 60% corresponderían a la empresa Corpesca y un 40% a Camanchaca.