Ximena Araya Monroy

A tres años del terremoto del 1 de abril de 2014, solo el 53% de los subsidios habitacionales han sido ejecutados. De esto da cuenta el último reporte de reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que muestra que en los últimos seis meses los principales avances tienen que ver con la reparación de inmuebles.

Sin embargo, desafíos más importantes dicen relación con la reposición de los condominios sociales, donde a la fecha no existe ningún subsidio ejecutado, agregando el lento avance que experimenta la reconstrucción en sitios propios, donde solo el 29% ha sido terminado.

Una situación que según la directora regional de Serviu, Mariana Toledo, en el caso de este último tipo de construcción, se debió a problemas técnicos por el tipo de suelo en Alto Hospicio y a que tuvieron que buscar soluciones para las construcciones pareadas, para que no afectaran a las viviendas colindantes.

Agregó que la reconstrucción de viviendas al interior de la región también tuvo dificultades, ya que se debió evaluar uno a uno y en algunos casos regularizar las propiedades.

"El sismo generó en Hospicio que a los meses siguientes se generaran asentamientos dado los socavones que existían, después de 3 a 6 meses una vivienda que tenía un daño menor pasó a tener un daño mayor o inhabitable", citó Toledo, como ejemplo de las complejidades que se presentaron en estos tres años de reconstrucción.

"Nuestra meta es iniciar todo este año y terminar todo lo que está en ejecución", aseguró la directora sobre este ítem.

En el caso de los condominios sociales Las Quintas, Las Dunas, Cerro Tarapacá y San Lorenzo, la funcionaria reconoció que se trató de un proceso lento y burocrático. "Hemos tenido que generar acciones que no se habían implementado o se habían usado en otras regiones, como expropiar, hacer trabajo de convencer a las familias".

Agrego que lo más complejo es el caso de Las Quintas, donde costó que las familias se pusieran de acuerdo.

"Probablemente Las Quintas va a pasar el 2018 en ejecución porque esas obras tardan en promedio 18 meses. Las Dunas se van a entregar este año sí o sí. Mientras que Cerro Tarapacá y San Lorenzo la idea es que también se entreguen este año", informó la directora.

Algo que llena de alegría a María Espejo, presidenta de Las Dunas Uno Norte, quien afirma que esperan con ansias este año nuevo en sus nuevas casas. "Estamos contentos, pasamos de ladrillo a hormigón armado, de 36 metros cuadrados a 57,4. Este es nuestro año", aseveró.

Intendenta

Es este estándar el que destaca la intendenta Claudia Rojas, quien refirió que se privilegiaron soluciones de calidad y conversadas con los vecinos, por sobre soluciones rápidas.

"Nos propusimos sacar adelante esta reconstrucción, pero bajo ciertos parámetros que no íbamos a transar, uno de ellos era el tema de la seguridad. Teníamos que hacer un levantamiento muy certero respecto de los riesgos en los que se veía envuelto la vivienda", explicó Rojas.

A la hora de hacer un balance de la reconstrucción, la jefa regional incorporó otras obras anexas a vivienda. "Hemos avanzado en un 94% en las obras de reconstrucción de distinta naturaleza, incluyo obras públicas, acceso de Alto Hospicio, no solo carretera, enmallado, muros de contención", subrayó.

En cuanto a la construcción de viviendas, la intendenta manifestó que se lleva cerca de un 60% y que esperan que este 6% faltante iniciarlo durante este año y concluir lo que está en ejecución.

Barrios transitorios

Un aspecto pendiente y del cual recién ahora se tiene certeza es qué pasará con aquellas familias que residen en barrios transitorios de Iquique y Alto Hospicio y que no tienen ningún tipo de solución habitacional, ya que paulatina a la entrega de las casas a los propietarios afectados por el terremoto, el resto deberá abandonar los barrios.

Así lo hizo ver Nadia Lastra, delegada del barrio Mirador de Iquique, quien explicó que este jueves se reunió con representantes de Serviu y la Gobernación para evaluar el futuro del barrio.

"Nosotros tenemos que postular a un subsidio para La Pampa, pero como cualquier ciudadano... He andado por todos lados, he golpeado todas las puertas de los senadores, los diputados, el Gobierno y Rodrigo Jara (asesor de la Intendencia y exdirector del Serviu) nos ha atendido, nos ha dado apoyo en cuanto orientación, pero un compromiso formal con el gobierno ninguno", aseveró la dirigenta, quien solicitó que al menos les aseguren un cupo en el proyecto de Alto Hospicio a aquellas familias que sufrieron los efectos del sismo y se organizaron en comités de viviendas.

El problema -advirtió- es que muchos habitantes de los barrios están inhabilitados de recibir cualquier tipo de beneficio, ya que lo tuvieron anteriormente.

Precisamente ese será uno de los principales desafíos en materia social derivados del terremoto de 2014.

De esta situación está consciente el gobernador Francisco Pinto, quien señaló que muchas personas que residen en los campamentos fueron derivadas de los municipios de Iquique y Alto Hospicio o eran personas que dormían en las calles. "Ellos están conscientes que los terrenos y las viviendas que se hicieron ahí son de emergencia para personas que tuvieron problemas con su vivienda en el terremoto", por lo tanto deben abandonarlos en algún momento.

La autoridad provincial señaló que existe una coordinación "para determinar el cierre que está proyectado en la fecha de la entrega de la última vivienda", es decir, diciembre de 2017 o marzo de 2018, el cual esperan que sea de forma pacífica y planificada. No obstante, "el gobierno si tiene que llegar al desalojo va a llegar a esta medida", comentó Pinto.

Una mirada distinta tiene Techo-Chile, cuyo director regional, Manuel Silva, cree que se debe trabajar en una medida alternativa. "Es importante que las familias afectadas puedan llegar a una solución definitiva lo antes posible, asociada a un proyecto habitacional concreto", puntualizó.

Mariana Toledo, Serviu"

"Las Dunas se van a entregar este año sí o sí"

12 mil familias son parte de las que recibirán subsidios posterremoto en Tarapacá.

40% de las familias de Canadela son casos sociales, que no recibirán solución habitacional.