Mauricio Torres Paredes

El consejero regional Espártago Ferrari arremetió nuevamente con sus cuestionamientos a la compra de un terreno para la Oficina Nacional de Emergencias, el que originalmente estaba destinado para alojar las nuevas dependencias del gobierno regional.

Acompañado de su par José Lagos, quien también se hizo parte, Ferrari llegó a Contraloría para pedir un pronunciamiento sobre las dudas en torno a la millonaria adquisición de dos lotes en el sector de Pedro Prado con Sotomayor, para construir el edificio institucional.

"Queremos que Contraloría inicie una investigación por el terreno para la construcción del futuro edificio de la Intendencia. Solicitamos conocer la toma de razón y la fecha de pago al vendedor del terreno, lo que torpemente se nos ha obstruido", dijo, acusando desidia y prepotencia del gobierno regional por limitar su facultad fiscalizadora.

Para Ferrari, "que una institución del Estado tome acción de compra sin la toma de razón de Contraloría, constituye delito. Esperamos que se haga parte Fiscalía, podría existir malversación de fondos públicos".

Intendenta

La intendenta Claudia Rojas no eludió el tema, al contrario, criticó a Ferrari por subirse al carro a última hora. Además, expresó que hay una necesidad histórica por sacar al gobierno regional del área de inundabilidad en caso de tsunami, pues hoy la Intendencia está en playa Bellavista.

"Cuando se detectó el terreno hubo cuestionamientos al valor, y fui yo quien suspendió la compra, pidiendo una tasación que nos pudiera asegurar que el valor era adecuado. Esa tasación indicó que los valores estaban bien y se siguió con el trámite. Aquí hubo un proceso bastante largo de búsqueda, en el que participaron varios consejeros, pero no el señor Ferrari. Me parece que lo lógico no es subirse al carro ahora último. Si sabía de un terreno más barato debió ponerlo en la mesa. Esta elección no ha sido caprichosa", expresó, afirmando que es la principal interesada en resguardar la buena utilización de los recursos públicos.

Compraventa

El core Ferrari adelantó que "no basta con que se termine anticipadamente el negocio o que el propietario devuelva la plata, aquí se presume delito. La compra ya se hizo, se firmó en la notaría Araya y el terreno está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Yo pregunto si se pagó y si existe la resolución de Contraloría, pero no responden. Hay una dilatación vergonzosa en la entrega de información que nos hace crear la duda razonable de que se cometió una irregularidad".

Rojas aclaró que "se suscribió una escritura pública de compraventa y está en notaría, no se ha efectuado un pago. Si hubiese algún problema de tipo administrativo en el proceso, en ningún caso implicaría un perjuicio fiscal porque no se ha hecho ningún pago. No hay ningún peso que se haya perdido".

Barrio cívico

Por último, Ferrari aseveró que se destinó el terreno para la Onemi, ya que el consejo regional no puede verse beneficiado con la inversión de los propios dineros que administra (las platas para la compra son del Fondo Nacional de Desarrollo Regional), argumento que Rojas rechazó, indicando que está la idea de crear un barrio cívico, y que se priorizó destinar el terreno a Onemi pues está al lado del Ejército (la Escuela de Caballería Blindada) y su helipuerto.

$1.360 millones costó el lote de 2.100 m2 a Maestranza Villafaña y Compañía.

$1.002 millones costó el lote de 1.547 m2 a Sociedad Inversiones Modena.