Evalúan un juicio abreviado para los 9 bolivianos presos
En aquel procedimiento los imputados arriesgan una pena máxima de 5 años de cárcel.
El caso de los nueve bolivianos privados de libertad en la cárcel de Alto Hospicio, dos militares y siete aduaneros, por los ilícitos de contrabando, porte y tenencia de armas prohibidas y robo con intimidación, puede terminar en un juicio abreviado en que los acusados reconocerían los hechos imputados por el Ministerio Público, pero no los delitos.
"Efectivamente hay conversaciones entre la fiscalía y la defensa con objeto de poder arribar en dicha audiencia (del 20 de junio) a un tipo de término distinto del que originalmente solicita la defensa, dentro de los cuales se incluye un procedimiento abreviado", dijo el fiscal jefe de Pozo Almonte y persecutor encargado de la investigación, Hardy Torres.
La autoridad de la fiscalía explicó que en un juicio de este tipo los imputados no reconocen los delitos, "solo se reconocen los hechos fácticos, en que las partes conservan las mismas facultades que en un juicio oral, lo único diferente es que en el juicio abreviado se leen las carpetas y no van las personas a declarar; es un juicio de actas (...) Ellos deben reconocer los hechos, no calificaciones jurídicas, no delitos".
Penas
Respecto a las penas que arriesgan los altiplánicos, Torres respondió que la jueza de garantía Isabel Peña Cifuentes determinará si los condena o absuelve y en qué forma cumplirán. No se descarta, por ejemplo, la libertad vigilada, la expulsión y la cárcel de manera efectiva .
"La pena máxima en un procedimiento abreviado es de cinco años de prisión, lo que depende de las gestiones que se lleven a cabo y las solicitudes que haga la fiscalía en su momento", agregó.
En el tiempo que resta hasta la audiencia, el persecutor dijo que se deberán realizar las diligencias para arribar a las condiciones que se requieren para un juicio abreviado. De concretarse este procedimiento, Torres aclaró que no hay posibilidades de llegar a las mismas soluciones del pasado, en 2011 y 2013 cuando se resolvió la liberación y salida del país de los detenidos y la suspensión condicional del caso, respectivamente. "Las penas que eventualmente arriesgan (ahora) exceden los marcos de una suspensión condicional".
Ministro
El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, también se refirió a este acercamiento para destrabar el caso por una vía distinta. "Ese sería nuestro deseo, de llegar a un procedimiento abreviado dentro del marco jurídico nacional (...) Nos parece muy interesante porque podría, evidentemente, acortar y encontrar una solución más breve", confesó.
20 de junio se realizaría el juicio abreviado en el Tribunal Mixto de Pozo Almonte.