Secciones

Ley crea listas de inhabilitados para cuidar a niños y ancianos

La Presidenta Bachelet promulgó ayer la normativa que sanciona el maltrato sin exigir requisitos de reiteración.
E-mail Compartir

Camila Infanta S.

Había sido aprobada en ambas cámaras en marzo de este año, pero no fue hasta ayer que la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situaciones especiales, sancionando así especialmente el maltrato infantil, el de adultos mayores y el de discapacitados.

Además, la normativa crea, a través de secciones online, dos listas de personas inhabilitadas para ejercer el cuidado o el trabajo con el grupo de riesgo. El primero abarcará a quienes no puedan hacerlo por "delitos de connotación sexual cometidos contra menores de edad" y a los por "delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad".

La nueva ley, que juntó seis mociones parlamentarias de 40 diputados, modifica el Código Penal, la Ley de Violencia Intrafamiliar, el Código Procesal Penal y otras normas, para establecer nuevas penas, delitos y reglas respecto a conductas que involucren maltrato psíquico o físico.

Los transgresores podrán enfrentar hasta 60 días de prisión, dice la norma. "Hablamos de agresiones que, además, costaba mucho perseguir al no dejar, muchas veces, lesiones físicas evidentes o constatables", dijo Bachelet en La Moneda.

Denuncia directa

Se destaca, además, la figura del maltrato corporalmente relevante sin resultado de lesiones. "Esto es muy relevante, porque hasta hoy las sanciones penales solo se aplicaban en los casos en que el maltrato generaba lesiones. Lo que se busca entonces con esta ley es que, en esas fases más silenciosas y menos evidentes de la violencia, se actúe a tiempo, se detenga al agresor y no tengamos que lamentar el agravamiento del daño", dijo la Mandataria.

La iniciativa, además, aumenta la pena del delito de maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar, la que ahora podrá llegar hasta los tres años de presidio. Esta figura permite que la acción penal se inicie con una denuncia o por acción del Ministerio Público.