Redacción - Medios Regionales
Para el próximo 11 de julio a las 13 horas fijó la Corte Suprema la entrega del fallo sobre el recurso de nulidad que presentó la defensa de Mauricio Ortega, condenado a 26 años de cárcel por femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y violación violenta de morada contra su ex pareja, Nabila Rifo.
La defensa de Ortega, condenado por el Tribunal Oral de Coyhaique, pidió la anulación del proceso argumentaron que no se respetaron las garantías constitucionales.
Ricardo Flores, abogado defensor de Ortega, expuso que uno de los tres jueces no votó a favor de su condena por falta de pruebas y contradicciones de la víctima durante la investigación.
El fiscal de Aysén, Pedro Salgado, expuso ante el tribunal que "en toda la investigación no se violó ninguna garantía del señor Ortega (...). La causal de nulidad no corresponde, nunca se hizo presente esta circunstancia en la investigación".
En ese contexto, una polémica se abrió el martes, cuando comenzaron los alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema, que se prolongaron hasta ayer, cuando el abogado defensor sostuvo que "desde el punto de vista de la pena habría sido más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva y eso, desde el punto de vista lógico, no tiene sentido", en alusión a los años de condena que recibió su representado.
Esas palabras recibieron el repudio de la Presidenta Michelle Bachelet, quien a través de su cuenta de Twitter publicó: "Indignantes las declaraciones del abogado del agresor de Nabila Rifo. Son de una profunda violencia. No se pueden tolerar".
Las declaraciones del abogado también fueron rechazadas por el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, quien en la misma red social escribió: "No, imbécil. Habría sido mejor que no abusara de ella, la torturara, la golpeara y le sacara los ojos".
La Defensoría Penal Pública se desmarcó de los dichos de Flores, quien no asistió a la audiencia de ayer en el máximo tribunal. "Las expresiones vertidas por el defensor público no se condicen ni con la política ni con la labor institucional. Ellas no representan el sentir de la Defensoría y serán analizadas para evaluar implicancias o afectaciones en relación con las labores propias del trabajo de la defensa", expresó el organismo.
