Michael Seguel P.

"No podemos autodemandarnos, eso es lo que implica la demanda ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH)", fue la declaración de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual sobre si entregaría apoyo judicial a Nabila Rifo tras el fallo de la Corte Suprema que desestimó que Mauricio Ortega cometiera femicidio frustrado, rebajando su condena.

La aclaración llega después de que la vocera de Gobierno, Paula Narváez, comprometiera el apoyo del Ejecutivo ante la demanda que interpondrá Rifo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Lo importante en esto es la autonomía de decisiones de la propia afectada, en este caso de Nabila. Si ella ha señalado que esa es su decisión, acompañaremos con toda la información y el apoyo profesional que ella requiera", expresó la vocera del palacio de La Moneda.

En tanto, Pascual corrigió ese apoyo argumentando que "en términos judiciales ya hemos hecho la representación de Nabila en el juicio que logra la condena de Mauricio Ortega en 18 años, por lo tanto nuestra representación legal ha culminado porque su juicio está hecho". El apoyo psicológico será la forma en que el Gobierno acompañará a Rifo.

Apoyan a rifo

En el proceso de demanda ante el Estado Chileno jugó un rol el diputado PS Juan Luis Castro, quien hace algunos días se reunió con ella para abordar el tema y ofrecerle ayuda legal.

"He conversado con Nabila y ella nos ha expresado su disposición de concurrir, como víctima de un fallo a todas luces injusto en la Corte Suprema, para reivindicar su caso en el CIDH", expresó Castro.

A esto se suma el apoyo de organizaciones feministas. Una de ellas es la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer que se manifestó afuera de la Corte Suprema una que esta diera a conocer el fallo que rebajó la condena de Ortega.

Mayo fue condenado Mauricio Ortega por el Tribunal de Coyhaique a 27 años de cárcel por el Caso de Nabila Rifo.

18 años son los que estará en la cárcel la ex pareja de Rifo, Mauricio Ortega tras fallo de la Corte Suprema.

Los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) presentaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella por delitos contra la Ley Electoral, suplantación de identidad y falsificación de instrumento público.

Esto por al menos 100 supuestos casos de afiliaciones erróneas a partidos políticos asociados al Frente Amplio que fueron detectadas tras las elecciones primarias del pasado 2 de julio.

Al hacer entrega de los antecedentes, Monckeberg y Coloma aseguraron que "no se trató de un error administrativo, sino de un fraude masivo".

Por su parte, Coloma aseguró que "esto refleja que muchos de los partidos que conforman el Frente Amplio, se habrían constituido con firmas falsificadas" y calificó la situación como "gravísima".

En tanto, desde el Frente Amplio, la vocera del conglomerado y presidenta de Poder Ciudadano, Karina Oliva, rechazó la acción de Chile Vamos, que calificó como una "estrategia añeja de quienes por años han engañado a la ciudadanía". "Desde el día de las primarias el Frente Amplio ha llevado adelante un proceso de clarificación de las posibles irregularidades en conjunto con el Servel y hasta ahora no se ha determinado ningún delito", sostuvo la vocera del bloque.

El Servicio Electoral (Servel), por su parte, informó que ha recibido en total 638 reclamos por afiliaciones involuntarias a partidos políticos y que de éstos, 226 están actualmente en proceso, mientras que 412 ya fueron respondidos.