La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de protección presentado en contra del Registro Civil e Identificación, organismo que denegó la celebración de matrimonio de una pareja chileno-dominicana por no contar la ciudadana extranjera con cédula nacional vigente.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez, Rafael Corvalán Pazols y Frederick Roco Alvarado- acogió la acción cautelar presentada por David Rivera Gajardo y Yudis Florián Cuevas, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del servicio.

"Que, de acuerdo con lo expuesto y razonado, no cabe sino concluir que el Servicio recurrido ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria. Ilegal, en tanto no existe norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, respecto del documento idóneo para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente un pasaporte válido y vigente. Esta conducta priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio (...) Y es arbitraria porque el propio servicio asevera en su informe que su actuar se limitó a cerciorarse de la identidad de los contrayentes, cuestión que ha quedado más que clara, ya que se acreditó esta con un documento vigente, según consta la copia del pasaporte de la recurrente Yudis Florián Cuevas", establece el fallo.

En una efectiva acción policial, Carabineros de la Tenencia de Huara recuperaron una máquina retroexcavadora que había sido robada desde la comuna de Alto Hospicio.

Al percatarse de la sustracción, el propietario efectuó una denuncia en la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, activándose de inmediato el encargo por robo a todas las unidades policiales de la región.

De esta forma, cerca de las dos de la madrugada, mientras los uniformados realizaban un patrullaje preventivo por la ruta 5 Norte, divisaron un vehículo que circulaba por el lugar transportando una maquinaria con similares características a la robada.

Por este motivo se procedió a realizarse una fiscalización del conductor del vehículo, identificado como C.V.Q., de nacionalidad boliviana, y de la carga que transportaba, verificando que se trataba del vehículo sustraído anteriormente, motivo por el cual se procedió a la detención del chofer extranjero por el delito de receptación.

El fiscal de turno, por su parte, dispuso que la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Iquique realizara las diligencias de su especialidad, y que el imputado pasara a una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía para su respectiva formalización.

5 Norte es la ruta donde encontraron los carabineros la máquina robado en Alto Hospicio, según informó la institución.

Carlos Luz Aguilera

Un empresario indio que es usuario de la Zofri hace más de 20 años viajó, en 2013, a Iquique por negocios. Sin embargo, lo que sería un viaje rutinario se convirtió en su peor crisis laboral: se dio cuenta de que fue estafado y acusa que extrabajadores le robaron 2 millones 600 mil dólares.

Sentado en su oficina en el recinto amurallado de la Zofri, el usuario dice que cuatro exempleados se coludieron para estafarlo desde 2013. Pero solo tres de ellos, su gerente, cajera y un vendedor, fueron formalizados por el delito de apropiación indebida en febrero y marzo de 2016.

Los tres quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal. El bodeguero, en cambio, desapareció desde que, según cuenta el empresario, se robó 10 mil dólares de un cliente que había comprado una mercadería.

El fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, está a cargo de la investigación. La PDI, por su parte, fue ordenada a realizar las diligencias que aún estarían en desarrollo.

Otra denuncia

Aparte de esta acusación, el empresario, de iniciales A. G. B., interpuso otra denuncia, porque, según el afectado, su excajera de iniciales M. G. A. falsificó la firma de su esposa para que otra exempleada, de iniciales B. I. G., obtuviera subsidios habitacionales entregados por el gobierno regional, para que arrendara un departamento por ser una supuesta afectada por los terremotos de abril de 2014.

El denunciante dice que se entregó $3 millones 560 mil pesos usándose la firma de su esposa, lo que, según la Fiscalía, significa un delito de fraude de subvenciones.

Hoy, en tanto, está programada en el Juzgado de Garantía de Iquique la formalización de M. G. A. por este delito. La persona que habría recibido el dinero ya fue formalizada por esta causa.