Hasta 20 millones de pesos se exponen a pagar quienes provoquen daños en un Monumento Nacional, según contempla la legislación vigente en Chile.

Así lo advirtieron desde la Municipalidad de Iquique al precisar que quienes transiten y depositen basura en el Cerro Dragón, el cual desde 2005, goza de la categoría Santuario de la Naturaleza, podrían ser multados hasta con dicho monto.

Felipe Martínez, arquitecto de la Secretaría Comunal de Planificación, especificó que, por ejemplo, está prohibido acceder con vehículos o motocicletas al lugar, debido a los daños que provocan estas máquinas en la que es considerada la duna urbana más grande del mundo.

Asimismo, recordó que aquellas personas que sean sorprendidas botando escombros o basura en el Cerro Dragón, se exponen a infracciones que van desde 1 a 10 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, desde 46 mil hasta los 460 mil pesos. Además, hizo un llamado a los vecinos a colaborar denunciando este tipo de hechos.

Acogiendo al llamado hecho por el Colegio de Profesores de Chile, docentes de la región, principalmente de Iquique, se movilizaron ayer por el centro de la ciudad en contra del proyecto que crea el Sistema de Educación Pública y que apunta a desmunicipalizar las escuelas y liceos.

Evy Ordinola, secretaria del sindicato de profesores de la Cormudesi, manifestó que el rechazo en contra de esta nueva propuesta de administración de los establecimientos se debe a que no hay claridad sobre cómo operaría ya que no existen garantías de que cuando se efectúe el traspaso a los Servicios Locales de Educación, estos se hagan cargo de las deudas que algunos municipios, a lo largo del país, mantienen con sus profesionales de la educación. Eso sí, dijo que actualmente las municipalidades no tienen deudas con los docentes de la región.

El seremi de Educación, Francisco Prieto, indicó que de los 1.500 docentes del sector público solo el 14% se adhirió al paro, siendo en su mayoría de Iquique.

En tanto el presidente del Colegio de Profesores de Iquique, Pedro Cisternas, dijo que la paralización fue parcial. "Muchos docentes se restaron aduciendo no tener mayor información de la ley de Nueva Educación Pública".

Evelin Aguilar Paniagua

Con nueve votos a favor y dos abstenciones, el Concejo Municipal de Iquique aprobó ayer la propuesta pública para la contratación de servicios de auditoría externa que permitirán evaluar la situación financiera de la municipalidad, correspondiente al periodo 2012-2016.

En la sesión ordinaria se dio a conocer que si bien fueron cuatro empresas que presentaron sus ofertas, solo dos cumplían los requisitos, sin embargo, se propuso que sea "Fortunato y Asociados Limitada" la que se haga cargo de esta evaluación, lo cual finalmente fue aprobado por mayoría.

En ese sentido, dicha empresa, una vez que se firme el contrato, tendrá un plazo de 150 días para la ejecución de la auditoría, servicio que demandará el desembolso de 41 millones de pesos.

Guillermo Cejas quien se abstuvo de la votación, al igual que alcalde Mauricio Soria, argumentó su decisión en que la empresa que se contratará "no es la primera vez que hace una auditoría y la otra vez (que evaluó el periodo de Myrta Dubost) los tiempos se fueron aplazando y llegaron a los últimos meses de la gestión a explicarnos" los resultados.

"cuentas claras"

Por su parte Daniela Solari recalcó que la idea de haber solicitado, junto a otros concejales, esta auditoría no es para buscar culpables sino para tener "las cuentas claras". "Además me interesa saber cuál es el porcentaje que se va en remuneraciones y en proyectos, y cuáles son costos operacionales", precisó.

Eso sí, la edil criticó que haya transcurrido más de siete meses, desde que se aprobó la realización de una auditoría externa, para que esta se ejecute.

"Extrañamente eso que se solicitó en enero y el acuerdo de concejo solamente se decretó en el mes de junio", cuestionó.

Según informó Mitchel Cartes, la empresa debería empezar su trabajo en 20 días hábiles por lo que espera que la administración actual presente los antecedentes necesarios y no coloque impedimentos. Esto, a fin de que el examen financiero se ejecute de forma correcta "y podamos detectar si efectivamente se cometió algún acto irregular o no".

ACUDIRÁN A CONTRALORÍA

Para Felipe Arenas, este proceso ayudará a esclarecer dudas respecto a los gastos realizados, por ejemplo, en el proyecto de Playa Brava y la compra de madera para obras de la ciudad.

Sin embargo, esta auditoría no deja tranquilos a los concejales de Chile Vamos (Solari, Yáñez, Arenas, Lima y Campodónico) ya que -según dijo Arenas- acudirán a Contraloría para solicitar que también se analice el estado financiero de la Cormudesi.

"Allí hay una 'danza' de millones que no sabemos dónde han ido a parar. Esperamos que la Contraloría se pronuncie para ver si podemos extender la auditoría a la Cormudesi", explicó el edil.