Mauricio Torres Paredes

La paralización del proyecto de electrificación de Colchane tuvo su consecuencia, luego que la Comunidad Indígena de Quebe presentara un recurso de protección contra el Gobierno Regional de Tarapacá, por supuestos daños patrimoniales y ambientales. Además, las familias Flores Amaro acusan que la postación y el cableado pasan por su terreno privado.

Ayer, y aunque el pasado lunes la Comisión de Infraestructura la aprobó en Usmagama, el pleno del consejo regional postergó la ratificación de la electrificación de Huara hasta el 26 de septiembre. Su propio alcalde, José Bartolo, solicitó aplazarla, para así poner la iniciativa en conocimiento de la comunidad y evitar un escenario similar al de Colchane.

¿intencionalidad?

Tras la determinación, la intendenta Claudia Rojas lamentó la petición de José Bartolo, pues el gobierno regional ya le había aclarado que la participación estaba calendarizada y que el proyecto no depende de la electrificación de Colchane, pues para el 90% de los pueblos beneficiados de Huara, la electricidad saldrá desde Bajo Tarapacá, detalló Rojas.

"Pide su postergación, teniendo la posibilidad de llegar a su comunidad con un proyecto de más de 7.600 millones de pesos aprobado. No quisiera pensar que hay una intencionalidad para que el proyecto no se apruebe, sería absolutamente lamentable. A mí me deja tranquila que el gobierno regional cumplió. Si el alcalde solicita no aprobarlo, él tendrá que responderle a la comunidad", señaló.

El alcalde de Huara fundamentó su decisión en que las comunidades ni siquiera conocían el plano de electrificación.

"Pedimos un mes para trabajar y mostrar el proyecto. Vamos a tratar de hacer lo imposible (considerando el plazo). Más que trancar la pelota, se trata de darnos un respeto. El proyecto es bueno, pero consultémoslo. En Colchane son 5.400, pero en Huara son 7.600 millones, es mucho más. Hay que ser responsables", indicó.

Bartolo agregó que, de todos modos, once pueblos de las quebradas de Miñi Miñe y Aroma seguirán sin luz eléctrica, por lo que les buscarán planes alternativos de energía.

Judicialización

En tanto, el alcalde de Colchane, Javier García, criticó la postura de la intendenta, asegurando que es posible encontrar una salida extrajudicial.

"Hay una instancia de conciliación, pero la intendenta ha demostrado nula voluntad de conversar. No vamos a permitir que este proyecto se pierda. Moveremos a las fuerzas vivas y presionaremos al gobierno regional y también en Santiago, para que todo Chile se entere del mal manejo", indicó.

La intendenta dijo que "siempre la posibilidad de dialogar está y fue planteada" aunque sin respuesta. Rojas agregó que tiene un plazo de diez días para presentar su informe a la Corte de Apelaciones de Iquique, donde fue interpuesto el recurso de protección, tribunal que definirá si corresponde o no una indemnización.

25 de agosto, fue notificado el recurso de protección a la empresa Eliqsa y el gobierno regional.

Luego que nuevamente el pleno se desarrollara entre gritos y "violencia verbal" (el 25 de agosto fue aprobado el saneamiento para El Boro en una acalorada sesión) la intendenta Claudia Rojas exigió respeto: "Lamento mucho lo que he podido presenciar en el consejo regional, no es la forma de construir. Uno como autoridad tiene responsabilidades y la primera es respetar. Aquí ha habido faltas de respeto por parte de algunos consejeros. La comunidad que ha asistido también en algunas ocasiones ha sido grosera. Nuestra región necesita autoridades que cumplan un estándar mínimo. No es posible que un consejo regional se desarrolle a gritos".