Al producirse el Coup d'Etat del 11 de septiembre de 1973, en Iquique habían algunas farmacias, siendo la más importante la "Victoria", por su existencia y surtido de fármacos, las cuales estaban en relación a la población. El gobierno dictatorial, comprendiendo que había necesidad de competencia en ese tan vital rubro comercial, impulsó la instalación de una sucursal de las farmacias Farrú. Toda una novedad que la gente se fue en masa a comprar en ésta, dejando semi vacía a la "Victoria". Pero la alegría duró poco tiempo. Farrú cerró su sucursal. Después comenzaron a llegar progresivamente las cadenas de farmacias capitalinas que fueron captando la mayor parte del mercado de remedios, en una ciudad que iba creciendo sostenidamente. Pero esa oleada de farmacias, en la forma en que están proyectados sus negocios, no necesariamente favorecen al público en el aspecto de los precios. Este es un asunto de extraordinaria importancia que merece muchísima más atención de las autoridades y parlamentarios.
La salud es un derecho y en ella están involucrados los derechos humanos. Los medicamentos son fundamentales para el tratamiento de determinadas patologías. El acceso a éstos para la gente de menos recursos se ve dificultado por los subidos precios que tienen en farmacias de cadenas de la "ville d'Iquique". Si bien apareció una cadena de fármacos similares y una farmacia del ayuntamiento, esta última iniciativa hay que destacarla, las cadenas tienen presencia mayoritaria, por su surtido y facilidades de pago con tarjetas, pero con una tasa de interés preocupante.
Estamos en una economía de libre mercado, es imposible fijar precios a los fármacos. El mercado de estos productos se distorsionó con la ignominiosa colusión de precios. ¿Qué se puede hacer para que los precios tengan valores razonables, producto de utilidades no desmedidas? Esa pregunta debieran responderla los candidatos presidenciales, con propuestas precisas y no generalidades.
Mario Zolezzi Velásquez
