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Corte de Apelaciones ordena restituir pensión a Myriam Olate

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La Corte de Apelaciones, en un fallo dividido, ordenó restituir la millonaria pensión de Myriam Olate, la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade.

El recurso fue interpuesto en abril por ex funcionarios de Gendarmería, luego que la Contraloría ordenara a Dipreca invalidar sus pensiones, siendo transferidos al sistema de AFP y viendo reducidas sus jubilaciones en forma considerable.

El contralor Jorge Bermúdez cuestionó, en su momento, que se le hubiera otorgado la pensión de retiro a Olate, cuando una auditoría a Dipreca, el 7 de diciembre de 2012, estableció que tanto ella como los otros funcionarios "no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional".

El dictamen fue acusado de "ilegal y arbitrario" por los ex funcionarios en el recurso de protección, en el que señalan que la Contraloría (CGR) "se arroga una potestad invalidatoria de la que carece, dejando a Dipreca como un mero ejecutor de sus arbitrios".

En el fallo del tribunal conocido ayer se estimó que "es evidente que, con su orden de invalidar un acto administrativo, la CGR sobrepasa sus atribuciones interpretativas, autoatribuyéndose facultades que la ley asigna al órgano de la administración activa".

Tribunal mantuvo prisión preventiva a comuneros en huelga de hambre

El fallo detalla que hay antecedentes para fundar la participación de los imputados en el ataque a una iglesia evangélica en la región de La Araucanía.
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Rodrigo Zamorano - Medios Regionales

El juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre los cuatro comuneros mapuche en huelga de hambre y que son acusados por la Fiscalía de participar en el ataque incendiario que, en junio de 2016, destruyó el templo Iglesia del Señor, en el sector Niágara, en la región de La Araucanía.

El magistrado decretó mantener la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, tras considerar que hay antecedentes suficientes para presumir la participación de los imputados. El juez Torres, además, precisó que, pese a la petición que hicieron los abogados de la Intendencia, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad del delito y la pena asignada.

En su resolución, el tribunal también indicó que las razones que adujo el Gobierno para alzar la prisión preventiva de los imputados, por mantenerse bajo una huelga de hambre que supera los 115 días, es más bien una razón de carácter humanitaria.

Tras conocer la decisión, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, sostuvo que "nosotros, por cierto, lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido. Al hacer esta solicitud nosotros estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas, estamos preocupados por su situación precaria de salud".

Una vez conocida la decisión del juez de Garantía, el fiscal de la causa, Luis Torres, se mostró satisfecho con la resolución, indicando que "el juez estableció que había la existencia de un delito de incendio de carácter terrorista y que había prueba suficiente de participación".

Consultado por la petición de los abogados del Gobierno de cambiar la prisión preventiva a razón del estado de salud de los comuneros en huelga, Torres indicó que "el magistrado fue claro, la decisión de huelga de hambre no puede forzar o presionar para que el tribunal modifique la medida cautelar que pesa sobre los imputados porque el Tribunal tiene que obrar sobre razones técnicas y aplicar la ley".

Finalmente el fiscal confirmó que la preparación del juicio continuará el próximo 10 de octubre, como se resolvió durante la semana.

Cautelas

La defensa de uno de los huelguistas, en tanto, consideró como "gravísima" la resolución del magistrado desde el punto de vista humanitario. "No podemos cuestionar la resolución jurídica del tribunal, pero sí podemos estar en oposición, por lo que el recurso de apelación que procede será eventualmente esgrimido", aseveró el abogado Pablo Ortega.

El defensor sostuvo que la decisión del tribunal "nos pone en una callejón sin salida". Ortega indicó que de confirmarse por la Corte esta resolución "acogeremos el argumento del Juzgado de Garantía respecto de presentar una cautela de garantía toda vez que está en peligro la vida de los imputados y en esas condiciones es imposible realizar una audiencia preparatoria y menos un juicio".

El defensor penal mapuche, Humberto Serri, aseguró que la decisión de pedir el cambio de medida cautelar por parte del Gobierno, aduciendo razones de salud y humanitarias, no fue compartida por la defensa durante la audiencia.

"Jamás hemos apelado a la condición de huelguistas de nuestros defendidos para solicitar un cambio de medidas cautelares", indicó, agregando que apelarán a la decisión.