Matías Jullian Velásquez

Indignación en el bloque opositor causó la polémica decisión tomada en la noche del viernes por el Gobierno, al recalificar el uso de la Ley Antiterrorista en la querella que enfrentan los comuneros mapuche Ariel, Benito y Pablo Trangol, junto al lonco Alfredo Tralcal.

Tras una reunión entre los familiares de los detenidos con el ministro del Interior, Mario Fernández, y la Presidenta Michelle Bachelet, el secretario de Estado dijo que el Ejecutivo pidió a su equipo jurídico "que se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa, para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del código penal".

Sin embargo, desde la oposición, esta determinación fue ampliamente condenada. Renovación Nacional (RN) señaló que La Moneda se "arrodilló" frente al "chantaje" del terrorismo, por lo que anunció que presentará una acusación constitucional en contra del ministro Mario Fernández.

"Ayer vimos un Gobierno que se ha arrodillado frente al chantaje de la delincuencia y el terrorismo. Aquí el Gobierno ha cedido a presiones que son totalmente indebidas. Y el Estado de Derecho tambalea frente a las decisiones del Gobierno de la Presidenta Bachelet", afirmó desde la sede de RN el vicepresidente del partido, Gonzalo Fuenzalida.

"Nosotros vamos a seguir adelante con una acusación constitucional. (...) No vamos a bajar los brazos en esto porque creemos que aquí el Gobierno ha inobservado la Constitución, las leyes, y por lo mismo el ministro de Interior y seguridad pública, el ministro Fernández , debe hacerse responsable", aseguró.

Desde la UDI, en tanto, el diputado Gustavo Hasbún sostuvo que "este Gobierno es cómplice de los grupos terroristas y viola los DD.HH. de aquellos que han sido víctimas del terrorismo. Vamos a solicitar una sesión especial para que el ministro explique a todo el país la postura del Gobierno".

El legislador agregó que "este Gobierno, si estaba más interesado de salvar la vida de los detenidos, debió haber presentado un recurso de protección a favor de ellos y no recalificar el delito terrorista".

Presidenciables

Entre los candidatos presidenciales la medida tuvo distintas reacciones. Por un lado, Alejandro Navarro, abanderado del Partido País, señaló que "agradezco que el Gobierno de Chile nos haya escuchado y entrado en razón con los presos políticos mapuche". Beatriz Sánchez, la opción del Frente Amplio, escribió "saludo que el Gobierno corrija error de aplicar la ilegítima Ley Antiterrorista. Un Gobierno que escucha es siempre un mejor Gobierno".

Por el otro lado, Sebastián Piñera, el candidato de Chile Vamos, fue enfático en señalar que "el Gobierno ha cometido un nuevo y grave error porque ha dado una muestra de debilidad y ambigüedad frente a un enemigo que es muy poderoso, que es cruel, que es implacable y que no respeta a nada ni a nadie".

Miembros del Consejo de Rectores -que agrupa a 27 universidades tradicionales del país -manifestaron su preocupación luego que el Ministerio de Educación anunciara que aumentará la gratuidad en la educación superior al sexto decil -grupo cuya renta per cápita familiar fluctúa entre $154 mil y $193 mil -, en el contexto de la discusión del Presupuesto 2018.

Estamos "preocupados porque este aumento en la gratuidad tiene un aumento positivo en las personas (...), pero las insitituciones también verán incrementado su déficit", afirmó en radio Cooperativa el rector de la Universidad Católical del Maule, Diego Durán.

El ministerio anunció que con la medida, de acuerdo a cálculos efectuados en junio, el beneficio de la gratuidad llegará a "cerca de 300 mil" estudiantes más, lo que implica una inversión adicional de $ 100 mil millones.

El problema radica en que 15 de las 30 universidades adscritas al beneficio mostraron un déficit de recursos durante este año, por $ 21 mil millones, producto de la diferencia entre lo que aporta el Estado (arancel de referencia) y el costo real de los planes de estudios.

Durán señaló que están "aún más preocupados porque el déficit proyectado incluso por el Estado para este año era de $ 362 millones, que en términos reales son como $ 500 millones".