Guido Rodríguez

Hijo de un obrero de una fábrica textil y una dueña de casa, Jorge Melguizo vivió su niñez y juventud en la Comuna 13 de Medellín, una de los barrios más golpeados por la violencia vinculada a la operación de las redes de narcotráfico en los años 80 y 90.

Un dato revela la magnitud de la crisis que se vivió con particular fuerza en esa ciudad colombiana. En 1991 hubo 6.700 muertes violentas, la mayor parte de menores de 20 años, y la tasa de homicidios marcó un triste récord: 381 por cada 100 mil habitantes, una cifra que es perfectamente comparable a la de un país en guerra.

Hoy, a sus 55 años, este periodista que ocupó varios cargos en el ámbito social y cultural durante dos administraciones municipales que marcaron una notable caída en el nivel de criminalidad de la ciudad durante la década pasada, recorre América Latina relatando cómo Medellín pasó de ser un ícono de la violencia a un referente mundial en materia de recuperación urbana. Esto, a través de un proyecto integral de intervención que combinó esfuerzos públicos y privados.

Un escenario que, sin duda, puede servir de inspiración para enfrentar los problemas en muchas zonas de Chile -especialmente capitales provinciales y regionales- que a una escala más baja pero no menos preocupante, enfrentan dificultades asociadas al clima de inseguridad y temor vinculado a la existencia de agrupaciones dedicadas a la comercialización de drogas.

Por ello, en su reciente visita a Puerto Montt, donde participó en un seminario organizado por la Universidad de Los Lagos para analizar el rol del debate público en la descentralización del país, Jorge Melguizo profundizó con este medio en el análisis de las políticas públicas que pueden ayudar a hacer frente de forma efectiva a estas materias.

-En Chile se identificaron 426 barrios críticos afectados por el tráfico de drogas en 16 comunas de la Región Metropolitana y otras nueve capitales regionales. Y pese a que se está lejos de los niveles de violencia registrados en Colombia, se apunta al aumento de la dotación policial y vigilancia como medidas claves para hacer frente al fenómeno. ¿Qué lecciones del caso de Medellín deberían considerarse en Chile?

-En Colombia, la lucha por el narcotráfico ha tenido diferentes niveles. Hay un nivel nacional, que efectivamente apunta al fortalecimiento de la policía, que hoy es más capaz de enfrentar el narcotráfico y los poderes criminales. También hay un mejoramiento del aparato de Justicia, pese a que ha enfrentado múltiples dificultades, y un planteamiento en torno a la sustitución de cultivos por parte del Gobierno. Pero junto con esa combinación de seguridad nacional pura y dura, lo que hicimos en los barrios de Medellín fue enfrentarnos a la inseguridad con una certeza: que su contrario no es la seguridad, sino la convivencia y que esta última se construye con proyectos sociales, educativos y culturales.

-¿Y cómo se hace eso en concreto?

-En los barrios donde los jóvenes encuentran una oportunidad fácil de integrar una banda criminal de cualquier tipo lo que tenemos que hacer, más que combatir al narcotraficante o al criminal, es buscar que esos jóvenes tengan otras oportunidades, diferentes a las que le ofrece el delito. También se necesita cambiar los imaginarios: en un país donde la delincuencia de todo tipo ha sido tan fuerte -guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, corrupción- el mensaje explícito e implícito es que el camino del delito es posible y está abierto, ya que mucha gente vive de él impunemente. Y para cambiar ese imaginario se necesita generar otro tipo de referentes.

-¿Y de qué forma se construyen nuevos referentes?

-Uno de los programas de mayor éxito que aplicamos fue el Fondo Educativo para la Educación Superior, destinado a jóvenes de los dos niveles más pobres de la población. En seis de los ocho años de nuestra administración, 27 mil jóvenes pudieron acceder a cualquier universidad, pública o privada, mediante ese fondo. Y ellos no sólo mejoraron su propia condición, sino que también se convirtieron en referentes en sus barrios, porque los otros veían que ese era un camino posible y no solamente el otro, representado por las oportunidades negativas.

-¿Cómo se plasmó, en específico, la presencia estatal en los barrios con mayor criminalidad?

-El Estado ha intervenido con proyectos de un carácter simbólico muy fuerte y ese valor lo representan equipamientos culturales, deportivos, recreativos y educativos. Hoy, el elemento principal de los barrios -el referente urbano, arquitectónico y social- es un edificio público. El metrocable (teleférico), que es transporte público, o el colegio que tiene una arquitectura que sale de lo normal o un parque-biblioteca con 23 mil libros y 220 computadores. Así se quita espacio a la delincuencia, desplazándola, para instalar un aparataje estatal de fuerte carácter simbólico y altísima calidad.

-¿Cuál cree que es la principal transformación urbana que explica el descenso en las cifras de delincuencia?

-Creo que es fundamental que el espacio público se convierta en un espacio de encuentro ciudadano. En una ciudad donde antes ese era el espacio del miedo y la violencia, que éste se convierta en un reducto de dignidad.

- ¿Y qué tan relevante es para poder generar un cambio de esta magnitud contar con gobiernos locales empoderados, que puedan tomar decisiones importantes, de forma intersectorial y que cuenten con recursos propios?

-Colombia es un país unitario, centralista como Chile, pero las ciudades -particularmente del tamaño de Medellín, con dos millones y medio de habitantes- tienen una alta autonomía política, administrativa y financiera. De nuestro presupuesto, sólo el 30% viene condicionado de la Nación para educación y salud, aunque está bajo nuestra administración, y el otro 70% son recursos propios de la alcaldía, que derivan de los impuestos locales y de las utilidades de las empresas públicas que proveen los servicios básicos de Medellín, que son 100% municipales. Eso nos permite interactuar con el nivel presidencial en una relación más de igualdad que de desigualdad.