Carolina Collins - Medios Regionales
Tres de los 11 comuneros mapuche que resultaron absueltos el miércoles en el juicio por el caso Luchsinger Mackay ya están preparando la demanda contra el Estado.
La abogada Manuela Royo representa a Luis Sergio Tralcal Quidel, Hernán Catrilaf Llaupe y Sabino Catrilaf Quidel, quienes pedirán reparación por el tiempo que estuvieron privados de libertad y por el daño moral.
Así lo anunció ayer la profesional a Emol, donde señaló que "hemos venido preparando una acción en contra del Estado, principalmente por el actuar negligente del Ministerio Público".
Tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que descartó que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran probatorias de culpabilidad, las defensas dijeron que estudiarían las acciones legales contra el Estado.
Algo que Royo ya definió y que está preparando considerando "el tiempo que estuvieron en privación de libertad, el daño económico y moral contra mi representado y para sus familias, porque eso es algo de lo cual el Estado tiene que hacerse cargo".
"Además, fue acusado de un delito que no cometió. Salió su cara en todo Chile. Fue tratado como una persona culpable", agregó, a la vez que detalló que el monto de la reparación lo definirán los tribunales, pero que correspondería al "lucro cesante, lo que se dejó de ganar y también se evalúa el aspecto psicológico de ellos y sus familias".
La abogada también detalló que lo que ahora falta es que salga la sentencia "ejecutoriada", así como que la Fiscalía Regional de La Araucanía defina si presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, para comenzar las acciones. De ser así, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
Gobierno rechaza revés
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se volvió a referir al veredicto y rechazó hablar de un "revés" para la Fiscalía.
"Hemos comprometido reiteradas veces que las opiniones que dan los organismos de la institucionalidad judicial nosotros no los comentamos, y naturalmente seguiremos apoyando las investigaciones judiciales que hay en esa zona del país", dijo.
Al ser consultado sobre si esto era un revés para el Ministerio Público, señaló que "eso hay que verlo". "No hemos podido tener los detalles del veredicto aún, así que cuando lo tengamos podemos responder", añadió.
Opinión que no compartió la ex defensora nacional, Paula Vial, quien no dudó en pedir una autocrítica por parte de la Fiscalía. "La ley en sí misma contiene una serie de normas que debieran ser revisadas y probablemente modificadas o dejadas sin efecto" dijo y agregó que "aún utilizando esa ley, el Ministerio Público ha fallado en el resultado. Por tanto probablemente tiene que replantearse la forma en que está investigando estos delitos".
Ley Antiterrorista
El vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, pidió revisar la Ley Antiterrorista. "Es una legislación que merece revisión en cuanto a la tipificación de los delitos y también en cuanto a las herramientas investigativas que otorga, por ejemplo, para la introducción de medios intrusivos y de otros tipo de diligencias, como la utilización de agentes encubiertos, que no están contemplados en la ley Antiterrorista, no obstante que sí se permite para delitos de narcotráfico", dijo a Cooperativa, y admitió que este fallo "nos va a obligar a repasar cómo se llevó adelante la investigación".
