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La discutida ordenanza municipal que regula el uso de los bienes públicos de Antofagasta, que sancionará con multas desde 1 a 5 UTM a quienes duerman en la calle, a vendedores ambulantes y limpiadores de autos, entró en vigencia ayer, anunció la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo.

"La ordenanza, como indica la ley, entra en vigencia al día siguiente de haber sido publicada en el portal web de la municipalidad, lo que ocurrió el 31 de octubre. Ya empezamos con fiscalizaciones al comercio ambulante en cercanías del Cementerio que concurrieron con motivo del Día de Todos los Santos y este jueves (hoy) dispondremos de dispositivos de inspección, seguridad ciudadana y Carabineros en diferentes puntos de la ciudad", explicó Rojo a Emol. La autoridad afirmó que el decreto no busca multar a personas en situación de calle, sino que fiscalizar el uso adecuado de los espacios públicos y el combate de la delincuencia.

Según la normativa, está prohibido en toda la comuna desarrollar actividades tendientes a solicitar dinero o especies a los transeúntes.

En caso de sorprender a alguien infringiendo esta disposición, la persona podrá ser denunciada ante el Juzgado de Policía Local.

Rehabilitación

Rojo anunció, en línea con la ordenanza, que se construirá un Centro de Rehabilitación para las personas en situación de calle y para quienes sufran adicciones.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, rechazó la medida porque "aplicar una sanción de este tipo es una mala solución, porque afecta aún más e invisibiliza un problema", dijo el miércoles.

El cesado presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, no tiene intención de acudir hoy a la cita con la justicia española para declarar por la querella de la Fiscalía, que le acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Las mismas acusaciones pesan para el resto de ex integrantes de ese Gobierno regional, cuatro de los cuales tampoco están dispuestos a acudir a la Audiencia Nacional de España, mientras que los seis integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico reclamados sí comparecerán por su parte en el Tribunal Supremo, por una querella en los mismos términos.

El 27 de octubre el Parlamento regional aprobó una declaración de independencia ilegal y, ese mismo día y previa autorización del Senado, el Ejecutivo español cesó a los gobernantes catalanes, disolvió la Cámara autonómica y convocó elecciones en esa comunidad para el 21 de diciembre.

Entre los 14 miembros del destituido Gobierno catalán Puigdemont y cuatro ex consejeros permanecían ayer en Bruselas, adonde viajaron el lunes, y no tienen intención de presentarse ante la jueza Carmen Lamela, que instruye la causa.