El abogado Patricio Martínez, quien actualmente es candidato a diputado de la Nueva Mayoría, criticó el informe de Contraloría, que cuestionó su remuneración por considerarla muy superior en relación a otros dos profesionales que realizan similar función en el municipio de Alto Hospicio.

"Discrepo totalmente con esa apreciación toda vez que la experiencia laboral en materias municipales es distinta con los colegas que se menciona", afirmó Martínez, aludiendo a su trayectoria en los municipios de Huara y Pozo Almonte y a su calidad de profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.

Martínez incluso deslizó posibles motivaciones políticas en el actuar del órgano contralor, "soy candidato y es evidente el sesgo político de la denuncia... recordemos que Contraloría difícilmente va a tener objetividad con un abogado que se querelló contra ellos por prevaricación funcionaria en el caso de don Jorge Soria, debiendo retractarse posteriormente".

Por último enfatizó, "Contraloria también se equivoca, en mi caso nuevamente".

El abogado recibió un espaldarazo por parte del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien en sus explicaciones al órgano contralor por los honorarios del abogado, argumentó que, "cuenta con vasta experiencia en el ámbito del derecho público, asumiendo la tarea de elaborar y reforzar estrategias jurídicas con que se han afrontando las diversas contiendas de carácter civil y administrativa en la que se ha visto involucrado el municipio, razón por la cual no se incumpliría con la proporcionalidad del gasto en función a las labores desarrolladas", por lo que justificó el doble del sueldo.

Argumento que no fue considerado por la Contraloría por no adjuntar antecedentes para probarlo.

Siguen las repercusiones por el informe de Contraloría que investigó las contrataciones en el municipio de Alto Hospicio, el cual concluyó que 20 personas mantienen causas judiciales, que existen atrasos reiterados en siete funcionarios y que el abogado Patricio Martínez recibía una remuneración muy elevada por una labor similar a la efectuada por otros dos juristas.

Esto porque además de la desvinculación de estos 20 funcionarios, quienes registran condenas en sus certificados de antecedentes- vulnerando con esto la ley 18.575 de administración del Estado-, la Contraloría instruye que el municipio realice un procedimiento disciplinario, "orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran estar involucrados en la contratación de tales servidores".

Para salir al paso de estos cuestionamientos, el alcalde Patricio Ferreira resaltó a través de un comunicado, "que se trata de prácticas heredadas de la administración anterior y que nunca antes fueron cuestionadas", en especial por los concejales Jéssica Becerra y René Cáceres, quienes eran autoridades en ese entonces.

"Lo anterior da cuenta del afán interesado de las acusaciones, las cuales parecen perseguir más bien fines políticos y personales, que la búsqueda del buen servicio", criticó el jefe comunal.

En la argumentación a la Contraloría, el órgano edilicio explica que las personas que se encuentran en esta condición (con condenas) "más que servidores estatales son considerados como beneficiarios", dado que forman parte de programas que han sido creados para reinsertar social y laboralmente a los habitantes de la comuna, esto porque la mayoría de los involucrados son parte de un plan de absorción de mano de obra.

Los alcaldes de Iquique y Pozo Almonte, también entregaron su impresión sobre este dictamen de Contraloría y profundizaron cómo velan para cautelar la probidad administrativa.

En el caso del alcalde Mauricio Soria, detalló que el sistema de contratos del municipio de Iquique se apega a las normas legales. "Si se pasó un filtro de la municipalidad, la Contraloría hace las revisiones y si encuentra temas que no corresponden, oficia al municipio y nosotros debemos tomar la determinación que corresponda por ley".

Agregó que existe coordinación con el Registro Civil e Identificación para corroborar los antecedentes de toda contratación.

Con respecto a lo ocurrido en el municipio hospiciano, Soria agregó que "acá puede ser que no llegó la información, o al departamento de personal se le pasó o esperaban a que llegara la información".

En tanto el edil Richard Godoy, expresó que la Municipalidad de Pozo Almonte acata y respeta las decisiones de la Contraloría, "a diferencia de las anteriores administraciones, sin embargo lamentamos el perjuicio que le produce a las personas que ya cumplieron la pena respectiva de su sentencia y aun así, no pueden ser contratadas, imposibilitando su reinserción social".

Respecto de cómo velan por el cumplimiento de la ley, explicó que, "al momento de la contratación se requieren una serie de antecedentes formales y necesarios para terminar con el proceso de contratación".

20 funcionarios serán desvinculados del municipio de Alto Hospicio por mantener causas judiciales.