José Cuello Miranda

Hoy se cumplen 110 años desde la Matanza de la Escuela Santa María y ante este suceso el historiador iquiqueño Mario Zolezzi Velásquez devela un aspecto desconocido de este periodo histórico. El texto es un adelanto del libro que próximamente publicará gracias al aporte de Hrvoj Otojic Peric, historiador y editor local. La publicación detallará variados aspectos que no son de público conocimiento en torno a la huelga pampina de los "18 peniques", que culminó con la Matanza del 21 de diciembre de 1907.

Sobre la presente narración, ésta se relaciona con el decreto de Estado de Sitio, firmado por el intendente Carlos Eastman Quiroga, quien, según explica Zolezzi, "no tenía facultad para dictar dicha resolución, de acuerdo a lo que establece la Carta Fundamental de 1833". He aquí, el relato del historiador local en un periodo en que describió la región como una "caldera".

"El año 1907 fue muy agitado. El país se vio afectado por una crisis que se manifestaba con la creciente depreciación del papel moneda frente a la áurea libra esterlina, que era la moneda internacional, garantizadora del sistema monetario mundial basado en el patrón oro. En Chile aún regía el régimen del papel moneda, estando pendiente el regreso al sistema metálico en base al peso oro de 18 peniques, considerado como única manera para tener un cambio estable. Esa fue la promesa electoral de Pedro Montt para llegar a ser Presidente de la República (1906).

La inestabilidad cambiaria iba produciendo perturbaciones en las actividades de la economía, subían los precios de artículos de primera necesidad. Los jornales de los trabajadores perdían progresivamente su poder adquisitivo, con el consiguiente malestar en la clase obrera, especialmente la de Tarapacá.

La región era una verdadera caldera que tarde o temprano estallaría bajo la paulatina presión por las sensibles diferencias entre el capital y el trabajo, que era mayor en la pampa salitrera. Toda esta situación se hallaba enmarcada en la Cuestión Social que seguía sin resolverse en un Chile bajo un régimen parlamentario-oligárquico. Un informe de la Comisión Consultiva del Norte Salitrero advirtió en 1904 al gobierno sobre esa situación "que ha de proyectar consecuencias sociales y políticas de carácter peligroso si no se adoptan medidas eficaces e inmediatas".

Por desgracia, las puertas del Congreso estaban cerradas para hacer realidad las recomendaciones de esa comisión. El Poder Ejecutivo era débil frente a un Poder Legislativo predominante. Solamente estaba en juego los mezquinos intereses de los partidos y los círculos que se disputaban en el poder. Había una fuerte relación entre negocios y política. Era conocida la influencia ejercida por la riqueza del salitre.

El gobierno del Presidente Pedro Montt trataba de controlar la alarmante caída del cambio, adoptando diversas medidas en el campo financiero, especialmente en el frente bancario, donde los bancos podían emitir billetes. No había Banco Central. Existían los billetes fiscales y bancarios. Se han explicado las razones de esa situación. Repercutía también la situación financiera en los Estados Unidos y la Gran Bretaña.

Al fin estalló la caldera tarapaqueña en diciembre de 1907. Los trabajadores de la bahía de Iquique se declararon en huelga, una de las varias que hubo. En la Pampa la Oficina San Lorenzo (Alto San Antonio) inició el gran movimiento de los 18 peniques, que abarcó a todas las oficinas. La huelga se extendió a la costa. La clase obrera de Iquique se adhirió a los huelguistas pampinos que sucesivamente fueron bajando al puerto. Era la Huelga General que paralizó Tarapacá. Las autoridades titulares estaban fuera de la ciudad, las que debieron regresar.

Los pampinos presentaban su pliego de peticiones a los salitreros, siendo el punto más destacado el pago de sus jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Las conversaciones entre ambas partes con la mediación sucesiva del Intendente (s) Julio Guzmán García y el titular Carlos Eastman Quiroga, no dieron resultados. La parte patronal exigía el regreso de los huelguistas a sus faenas salitreras para continuar conversando con sus dirigentes para lograr una solución pues sentían presionados por su masiva presencia en Iquique. Mientras los pampinos exigieron se aceptaran sus peticiones para regresar a sus Oficinas. Un dirigente, Luis Olea, relata más tarde que la Asamblea Obrera contestó para reanudar las gestiones por medio de comisiones, era preciso se suspendiese el Estado de Sitio, que consideraba inconstitucional.

El Intendente Eastman Quiroga, en vista de la preocupante situación que se vivían en la ciudad, con una concentración cada vez mayor de huelguistas pampinos, se corrieron rumores siniestros de un plan de éstos para saquear e incendiar Iquique en caso de no accederse su petitorio, y bajo la presión de la influyente Combinación Salitrera, además del cónsul británico, y las enérgicas órdenes del ministro del Interior Rafael Sotomayor Gaete, y la opinión represiva del General Silva Renard, decidió dictar su famoso decreto que declaraba el Estado de Sitio a la provincia de Tarapacá.

Con esa resolución inconstitucional, los sucesos de precipitaron rápidamente, culminando con el sangriento desalojo de los pampinos de la Escuela Santa María y la plaza Manuel Montt el 21 de diciembre de 1907. Los huelguistas fueron forzados a volver en trenes a la pampa. No habían conseguido nada.

Ese decreto fechado el 30 de diciembre, vulneró la Carta Magna, ya que esta expresa que la declaración de Estado de Sitio correspondía al Congreso, y en determinado caso, al Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Estado.

En la Cámara de Diputados los honorables Malaquías Concha y Arturo Alessandri Palma atacaron duramente al ministro Sotomayor por esa grave situación de carácter constitucional. El ministro Sotomayor se defendió, exponiendo su insólita doctrina de la "Constitución no escrita" para proceder contra los huelguistas.

La matanza del 21 de diciembre de 1907 finalizó abruptamente la huelga de los "18 peniques", la cual se hizo bajo el amparo de un Estado de Sitio dictado en forma inconstitucional.

"La parte patronal exigía el regreso de los huelguistas a sus faenas salitreras".

Mario Zolezzi Velásquez, historiador."