La vulneración de los derechos laborales de los migrantes es un problema que para el Instituto de Estudios Internacionales (Inte) de la Unap ocurre en los primeros meses de arribo del migrante y tiene relación con la desinformación.

Así lo planteó la directora del Inte, Marcela Tapia, quien dijo que existen sectores como la construcción, uno de los que han investigado, donde suelen ocurrir estos casos. "Tiene una forma de subcontratación donde la empresa es una y a su vez se van subcontratando distintas partes de la obra, y es en esa pirámide donde la parte más baja es la que probablemente más vulneración de derechos pueda tener (...) casi siempre ocurre en la primera etapa de la llegada donde están menos informados", precisó.

Evelin Aguilar Paniagua

José Luis Carrillo es peruano y hace seis años radica en Iquique. Si bien comentó que él no ha tenido inconvenientes en sus experiencias de trabajo, sí conoce a extranjeros que fueron vulnerados en sus derechos laborales. "No les pagaron sus sueldos y se han ido (de sus trabajos) sin beneficios", dijo el ciudadano limeño.

Según información entregada por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, en 2017 la institución recibió, a nivel nacional, 8 mil 192 denuncias de migrantes quienes acusaron vulneración a la normativa laboral. De estas, 499 fueron interpuestas en Tarapacá, posicionándose así como la tercera región del país que recepcionó mayor cantidad de denuncias de este tipo; siendo superada por Antofagasta (986) y Santiago (5.346).

En el reporte entregado a La Estrella se observa que entre 2014 y 2017, en la región se registró un incremento de 3% en las denuncias ingresadas por extranjeros pasando de 483 a 499; sin embargo, hubo años como el 2016 en que alcanzaron las 519.

El director regional (s) del Trabajo, Horacio Ara, apuntó a que el incremento de denuncias de inmigrantes que laboran está asociado a la explosiva llegada de extranjeros al país desde 2014.

En relación a los casos que atienden, dijo que en la región tardan, en promedio, 15 días en realizar una fiscalización por denuncia, mientras que a nivel nacional, 20 días.

"Las fiscalizaciones preventivas equivalen al 20%, porque siempre es necesario atender primero a la gran cantidad de denuncias que nos llegan diariamente", explicó al recalcar que Tarapacá es una de las regiones que recibe mayor cantidad de parte de trabajadores.

Sanciones

A raíz de las denuncias ingresadas durante 2017, la dirección regional del Trabajo cursó 87 sanciones a empleadores, con pagos por un total de $77 millones 346 mil 385. Dicha suma corresponde al monto inicial que se fijó tras las fiscalizaciones que concluyeron con multas, más no al que efectivamente pagaron los infractores ya que, ante recursos administrativos o judiciales iniciados por estos, pudieron mantenerse, rebajarse, aumentarse o quedar en cero.

Al comparar las multas interpuestas entre 2014 (58) y el año pasado, estas aumentaron en un 50%.

El seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Mauricio Gibert, afirmó que la cartera realiza actividades en conjunto a comunidades migrantes para informarlos sobre sus derechos laborales, que son los mismos que los de cualquier trabajador chileno, y así puedan denunciar cualquier irregularidad. En estas se abordan temas relacionados a la normativa laboral vigente, ingreso al país y visas migratorias, riesgos y salud en el trabajo, entre otros.

"El llamado es a los empleadores a cumplir con los deberes estipulados por el Código del Trabajo y a los migrantes a que sigan denunciando en nuestros servicios", concluyó.

50% aumentaron, entre 2014 y 2017, las multas en la región de Tarapacá por estos casos.